La comisionada de Transparencia ha presentado este miércoles los resultados de la evaluación de la transparencia de las entidades privadas correspondientes a 2024. A ese escáner, al que estaban obligadas las entidades privadas que han recibido subvenciones públicas, no se han presentado buena parte de las asociaciones privadas obligadas; tampoco se sometió al análisis Vox, único partido con representación en el Parlamento de Canarias que eludió la evaluación de transparencia.
Este era el primer año en el que el Comisionado de Transparencia evaluó a partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Del análisis de los portales de transparencia de las entidades privadas que reciben fondos públicos se desprende una falta de cultura de transparencia por parte de las entidades obligadas a someterse a ella, puesto que más del 40% eludió la obligación.
Datos de participación
De las 1.186 entidades sometidas a la evaluación de transparencia, 1.151 eran entidades privadas, 21 organizaciones empresariales, siete sindicatos y siete partidos políticos. Si bien son muchas más las entidades privadas obligadas a cumplir la ley, en esta primera evaluación el Comisionado optó por analizar a aquellas con mayor representatividad social.
Del millar de entidades sometidas a evaluación, solo se han presentado 756 (66%): cinco asociaciones empresariales no se presentaron, tampoco lo hizo el sindicato Intersindical Canaria ni el partido político Vox. Aunque la evaluación partía de analizar 600 millones de euros en subvenciones, finalmente se presentaron entidades que representan el 80% del total adjudicado, lo que implica que unos 100 millones de euros quedan fuera de la evaluación.
Posibles consecuencias legales
En la presentación de los datos, Miguel Ángel Herrero, jefe de servicio de evaluación, ha advertido de que las entidades que no cumplen con la ley pueden enfrentarse a la devolución de la subvención. No obstante, el Comisionado no dispone de facultades disciplinarias o sancionadoras, por lo que sería la propia administración concedente la que tendría la potestad para exigir el reintegro. “Es un camino que no hemos explorado todavía”, ha señalado sobre las posibles consecuencias de incumplir la ley.
La comisionada, Noelia Leal, ha explicado que ya se ha avisado a las administraciones públicas para que incorporen cláusulas específicas sobre la obligatoriedad de cumplir con la transparencia. En paralelo, algunas administraciones ya incentivan la transparencia mediante este tipo de cláusulas.
Falta de recursos y evolución
Leal ha señalado que, en muchas ocasiones, las entidades no cumplen con la transparencia por falta de medios o recursos humanos. Asimismo, ha destacado que, aunque se ha detectado un “ligero” aumento de entidades incumplidoras, aquellas que sí cumplen lo hacen mejor, concentrando buena parte de las subvenciones concedidas.
En general, de la evaluación se desprende una buena nota por parte de los evaluacdos. El Índice de Transparencia de Canarias alcanzó una nota media global de 7,47, frente al 6,15 de la evaluación anterior. De media, los partidos políticos tuvieron una nota de 8,38, las organizaciones empresariales 8,12, los sindicatos 7,52 y las entidades privadas un 7,45.