Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos pactaron el pasado lunes con Ruanda la apertura de un centro al que enviar a migrantes con el asilo denegado en la Unión Europea. Este se trata del primer centro de retorno fuera de la UE amparado por el nuevo Reglamento de Retorno, y está previsto que empiece a funcionar en 2027.
España fue el único país de la Unión Europea que votó en contra de estos centros, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, los calificó este martes de “un auténtico disparate”. La idea de retener fuera de Europa a quienes intentan llegar a ella tiene, sin embargo, veinte años de historia en la ruta canaria.
En 2006, una antigua escuela de Nuadibú, el principal puerto del norte de Mauritania, junto a la frontera con el Sáhara Occidental, se convirtió en centro de detención para migrantes. Los vecinos y algunos migrantes lo apodaron Guantanamito, según Amnistía Internacional, un diminutivo de Guantánamo, la base estadounidense en Cuba conocida por sus detenciones sin juicio. Desde 2025, la ciudad vuelve a tener un centro levantado por la cooperación española.
Acuerdo y viaje a Mauritania
Todo arranca con el acuerdo de inmigración que España y Mauritania firmaron en Madrid el 1 de julio de 2003. Aunque el texto es recíproco, en la práctica sirvió para que Mauritania aceptara de vuelta a personas de otras nacionalidades llegadas a Canarias, siempre que se acreditara, o se presumiera, que habían pasado por su territorio.
El texto lo firmaron la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y su homólogo mauritano, Mohamed Ould Tolba. En él, ambos países se comprometían a no someter a las personas detenidas a “tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
El Gobierno de Canarias participó en el giro que llegó después a través del consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, que el 16 de marzo de 2006 viajó a Mauritania con la delegación española encabezada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Seguridad. Según explicó luego en el Parlamento de Canarias, fue entonces cuando la inmigración desde Mauritania “empezó a tratarse como un asunto de interés de Estado”.
Nuadibú era ya el gran punto de salida, y ese mes de marzo el diputado popular José Manuel Soria aseguró en la Cámara que en esa ciudad, de unos “100.000 habitantes”, había “12.000 subsaharianos esperando” para embarcar hacia las islas.
El 26 de marzo del mismo año despegó de Fuerteventura el primer vuelo de devolución, con 50 migrantes subsaharianos rumbo a Nuadibú, en un año en el que más de 30.000 personas llegaron a Canarias en cayuco.
Escuela convertida en celdas
El centro de Nuadibú abrió en abril de 2006 en una escuela que las autoridades españolas habían restaurado a principios de ese año, según Amnistía Internacional, con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, según el Global Detention Project. Las tiendas de campaña y el comedor que España instaló en el patio desaparecieron pronto, y las aulas, con 216 literas, se convirtieron en celdas.
El centro ni siquiera tenía nombre oficial: las autoridades mauritanas hablaban de “centro de recepción para migrantes clandestinos”, y el cónsul español en Nuadibú se refería a él como “centro de internamiento” o “centro de retención”. Funcionaba sin marco jurídico y sin control judicial, según concluyó Amnistía en su informe de 2008.
Cada mes recibía entre 200 y 300 personas, según fuentes oficiales citadas por la organización. En 2007 pasaron por allí 3.257 personas, entre ellas 1.381 de Senegal y 1.229 de Malí, y todas fueron expulsadas a Senegal o a Malí. El centro cerró en 2012.
“Me arrestaron ayer, en mi habitación. No sé por qué”, contó a Amnistía un hombre de 41 años natural de Malí, que trabajaba en Nuadibú con un rickshaw, aseguraba tener los papeles en regla y no pensaba ir a Europa porque era cabeza de familia. AI concluyó que países como Mauritania se habían convertido, por la presión de la UE y de España, en los “policías de Europa”.
Cinco meses en un hangar
El caso más parecido a lo que hoy se plantea en Ruanda llegó a principios de 2007 con el Marine I, un pesquero con 372 personas a bordo, 299 de ellas de origen asiático, que Salvamento Marítimo rescató en el Atlántico y remolcó hasta Mauritania.
Tras una semana frente a la bahía de Nuadibú, sus ocupantes desembarcaron el 12 de febrero de ese año y quedaron en manos de la policía española. La agencia de noticias Reuters lo describió entonces como una operación de control migratorio casi enteramente española, realizada fuera de España.
Los migrantes pasaron cinco meses en un hangar del puerto, hasta que España reconoció el asilo a algunos de ellos, según recoge el Anuario de Canarias de 2007.
Un acuerdo que sigue vivo
España siguió recurriendo al acuerdo de 2003. Solo entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2008, Mauritania recibió tres solicitudes españolas para readmitir a 274 migrantes, 14 de ellos menores, según Amnistía Internacional.
El 27 de enero de 2020, España devolvió a Mauritania desde el aeropuerto de Tenerife Norte a 42 personas, 38 de ellas de Malí. El vuelo lo fletó Frontex y lo supervisó el Defensor del Pueblo.
CEAR denunció entonces que se trataba de devoluciones indirectas a un país en guerra, en contra de las directrices de ACNUR, porque Mauritania podía expulsar después a esas personas a Malí.
Dinero europeo y dos centros nuevos
En marzo de 2024, la UE y España firmaron con Mauritania un acuerdo migratorio de 210 millones de euros para reducir las salidas hacia Canarias. Un año y medio después, el 17 de octubre de 2025, Mauritania inauguró dos centros para migrantes, uno en Nuakchot, la capital, y otro en Nuadibú.
Las obras y el equipamiento corrieron a cargo de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, con financiación europea.
Según una investigación de la Fundación porCausa publicada por El Salto, la documentación pública los relacionaba con los CATE de Canarias. Además, una delegación mauritana visitó El Hierro en mayo de 2025 para conocer el modelo canario de recepción.
La Delegación de la UE en Mauritania los presenta como espacios de “acogida temporal de los migrantes desembarcados”, mientras que porCausa los describe como centros de detención. Mientras tanto, el Ministerio de Interior sostiene que “España no cuenta con centros de internamiento de migrantes en terceros países”.
Ese control tiene un coste humano que ya documentó este periódico, con encierros, malos tratos y expulsiones a la frontera en pleno desierto. Human Rights Watch denunció en agosto de 2025 torturas, violaciones y expulsiones colectivas cometidas por las fuerzas mauritanas, y solo en el primer semestre de ese año Mauritania expulsó a 28.125 personas, casi el doble que en todo 2024, según datos del propio Gobierno mauritano facilitados a la organización.
Europa mira a Ruanda
El centro de Ruanda recibirá a personas que ya pisaron suelo europeo y a las que se les denegó el asilo, mientras que a los de Mauritania llegan personas interceptadas antes de alcanzar Canarias. Los dos modelos no son iguales, pero comparten la lógica de retener fuera de la UE a quienes intentan llegar a ella.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró la oposición del Gobierno a estos centros y descartó usarlos por las “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”. Clavijo fue más allá este martes en Madrid y los atribuyó a “la política y el populismo barato con el sufrimiento de las personas”.
El presidente canario sostuvo que en estos centros “no se tienen las más mínimas garantías de cumplimiento de los derechos humanos” y que los migrantes “van a seguir yendo a Europa”, pero con “más peligro”. Sus declaraciones llegan con el archipiélago en emergencia migratoria, declarada por el Gobierno central el 10 de noviembre.
De “emergencia social” a migratoria
Veinte años antes, en marzo de 2006, el Gobierno canario ya había hablado en el Parlamento de “una situación de emergencia social” y de la necesidad de “impermeabilización de la frontera marítima de España, que está en Canarias”.
“Cuando has estado a pie de muelle... son niños y niñas”, aseguró este martes Clavijo, que recordó que “más de medio millón” de canarios tuvieron que emigrar el siglo pasado.
En 2008, Amnistía Internacional denunció que en Nuadibú no había ninguna ley que limitara cuánto podía durar la detención, ni un juez que la revisara. Son las mismas garantías que hoy se ponen en duda en Europa ante el centro de Ruanda.
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