El proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias que el Gobierno de Canarias ha remitido al Parlamento de Canarias introduce un importante cambio en la estructura de RTVC en comparación con el anteproyecto de ley y la norma que está actualmente en vigor. El Ejecutivo regional ha decidido integrar los dos órganos de participación social y laboral en uno, lo que, para los trabajadores, elimina su voz.

Con la norma que actualmente está en vigor y también según lo recogido en el anteproyecto de ley, el ente público estaba compuesto por: Junta de Control, Dirección General, Consejo Asesor y Consejo de Informativos. Este último órgano ya está instaurado en otras entidades públicas, como Radio Televisión Española, y en algunas regionales bajo otras denominaciones, para garantizar la participación de los trabajadores en la propia gestión del ente.

Integración de los órganos

En el proyecto de ley, sin embargo, se hace una unión de los dos órganos de participación, el Consejo Asesor y el Consejo de Informativos, que pasa a ser un único órgano denominado Consejo Asesor de Participación Social y Profesional. Esta decisión supone un importante recorte en la participación prevista para ambos órganos, que pasan a estar unificados.

Si bien con la ley que está actualmente en vigor nunca han entrado en funcionamiento el Consejo Asesor y el Consejo de Informativos, porque su “configuración normativa” resulta “inoperativa”, la previsión era que se mantuvieran. El anteproyecto preveía que el Consejo Asesor estuviera compuesto por 18 personas, propuestas por cabildos, el Gobierno, la Fecam, la Junta de Control, las universidades públicas y el Consejo Escolar de Canarias.

Competencias previas

El Consejo de Informativos no tenía una previsión de miembros, pero sí una lista de funciones que ahora ha sido recortada en su integración en el Consejo Asesor de Participación Social y Profesional. En el anteproyecto se señalaba que la función de este órgano era velar por la independencia de los profesionales de la información ante los órganos de administración y dirección del servicio público y promover la independencia editorial de la sociedad prestadora de los servicios informativos.

También se le dotaba de la función de informar sobre la línea editorial y la programación informativa, así como de participar en la elaboración de los libros de estilo; informar, con carácter no vinculante, las propuestas de nombramiento de los titulares de las direcciones de los servicios informativos de la sociedad prestadora; e informar de la modificación de las normas de composición, organización y funcionamiento del Consejo de Informativos.

Competencias actuales

El texto que ha entrado en el Parlamento de Canarias para su aprobación y tramitación no establece con exactitud las funciones del órgano, que delega en las que establezca el reglamento elaborado por la Junta de Control. Sí contempla que las competencias deben ser “tendentes a velar para que, en el ejercicio del servicio público de la comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, se garantice el pluralismo territorial y poblacional, la cultura e idiosincrasia de la sociedad canaria y la calidad, profesionalidad, objetividad, imparcialidad, veracidad e independencia de los contenidos informativos”.

De esta forma, será una vez se apruebe la ley cuando se establecerá el régimen de organización, funcionamiento y competencias del consejo. La eliminación del Consejo de Informativos no ha sentado bien en la representación sindical de RTVC, al haberse hecho en el último trámite y bajo la posibilidad de frenar la participación de los trabajadores.

Alerta de vulneración

A la crítica por la reducción de este órgano se suma también el duro informe elaborado por el Consejo Consultivo, en el que alerta de que cuatro de los artículos del proyecto de ley vulneran la Constitución. También aseguran que, con la redacción actual de la norma, se puede dar una fuerte politización e injerencia del Gobierno de Canarias en la gestión del ente.

La norma todavía se encuentra en tramitación parlamentaria, a la espera de la aportación de los grupos políticos y de su debate en las comisiones y plenos, que se celebrarán ya en 2026.