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Consejo de Gobierno de este lunes 5 de octubre. GOBIERNO DE CANARIAS

La nueva Ley del Suelo de Canarias llega al Parlamento con más suelo para vivienda pública

El texto eleva del 30% al 40% la reserva en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano consolidado, además de endurecer las sanciones por infracciones

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, que será remitido ahora al Parlamento de Canarias para continuar su tramitación. La norma busca adaptar el marco urbanístico del Archipiélago a los retos actuales, con especial atención al acceso a la vivienda, la protección del territorio y la respuesta al reto demográfico.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha defendido que la nueva regulación mantiene la filosofía de la Ley del Suelo aprobada en 2017, pero introduce cambios para responder a las nuevas necesidades de las islas.

Entre las principales novedades destaca el incremento de la reserva de suelo destinada a vivienda pública, que puede alcanzar el 40% en determinadas circunstancias. En concreto, la reserva pasa del 30% al 40% en suelo urbanizable, mientras que en el suelo urbano consolidado se eleva del 10% al 20%.

Más suelo para vivienda

Miranda ha señalado que esta actualización pretende convertir la Ley del Suelo en una herramienta para afrontar una de las principales dificultades que atraviesa Canarias, como es la falta de vivienda disponible.

"La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad", ha afirmado el consejero.

La propuesta también contempla una agilización de los procedimientos urbanísticos. El Gobierno calcula una reducción de alrededor del 30% en los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación y una disminución del 40% de la documentación necesaria.

Sanciones de hasta 600.000 euros

La protección del territorio constituye otro de los ejes centrales de la reforma. El nuevo texto contempla un endurecimiento del régimen sancionador, con multas que podrán alcanzar los 600.000 euros.

Además, se amplían los plazos disponibles para tramitar los expedientes con el objetivo de evitar que las infracciones puedan prescribir antes de que finalice el procedimiento.

Junto a la protección territorial, la reforma incorpora medidas dirigidas a los municipios considerados reto demográfico, que podrán contar con acceso prioritario a determinadas ayudas y subvenciones destinadas a actualizar su planeamiento.

Manuel Miranda durante una intervención en el Parlamento de Canarias. / GOBIERNO DE CANARIAS

Más seguridad para el sector primario

El proyecto también pretende reforzar la seguridad jurídica del sector primario. Entre las medidas previstas se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.

El Gobierno considera que esta medida puede contribuir a mantener la población y la actividad económica vinculada al campo en determinadas zonas del Archipiélago.

Miranda ha explicado que el proyecto se articula en torno a cinco grandes ejes: una mayor protección del territorio, la agilización del planeamiento, el impulso de la vivienda pública, el apoyo a los municipios afectados por el reto demográfico y el refuerzo del sector primario.

Un año de participación

El texto definitivo llega al Parlamento después de un proceso de participación desarrollado durante más de un año, en el que tomaron parte 700 profesionales a través de 17 foros.

El proyecto fue aprobado inicialmente por el Gobierno en junio y posteriormente recibió en septiembre el informe del Consejo Consultivo de Canarias. Según ha explicado el consejero, este órgano introdujo mejoras destinadas principalmente a aportar "mayor claridad y precisión" en aspectos como la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales.

El Ejecutivo autonómico remitirá ahora el texto a la Cámara regional para su debate y eventual aprobación. Miranda ha asegurado que los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión correspondiente ya disponen del proyecto desde este verano para facilitar su análisis y ha defendido que el proceso se desarrolle con la mayor transparencia posible.

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