Ocho municipios de las islas todavía no han desbloqueado sus planes generales de ordenación. Los 88 municipios canarios tenían hasta diciembre para aprobar los documentos, según la ley del suelo, sin embargo, la consejería de Planificación Territorial ha dado dos años más de margen a los ocho municipios para que puedan desarrollar su planeamiento.
Se trata de San Sebastián de La Gomera, San Andrés y Sauces, Breña Baja, Icod de los Vinos, La Orotava, Arrecife, Firgas y Artenara, según ha informado este jueves el consejero de Planificación Territorial, Manuel Miranda, en comisión parlamentaria tras ser preguntado por la diputada socialista Nayra Almeán. Los municipios contarán con una prórroga hasta diciembre de 2025 para poder tener sus nuevos planes generales de ordenación.
Para la actualización de los planes de ordenación, la consejería va a volver a poner en marcha las ayudas a los ayuntamientos. Una ayuda que se paralizó en 2023 y que es importante para los ayuntamientos más pequeños por el alto presupuesto que requiere la redacción del documento. En este sentido, Miranda ha informado que se priorizarán los municipios con menos población, y se tendrá en cuenta el presupuesto municipal y la antigüedad del planeamiento. “Tener un planeamiento adaptado nos posibilita tener muchas más posibilidades económicas, más ingresos”, ha apuntado el consejero.
Actualización de la ley
La ley del suelo, aprobada en 2017, dotó de mayor competencia a los ayuntamientos lo que provocó una sobrecarga en materia de su ordenamiento, causa que ha provocado también el retraso de la tramitación. Durante la comparecencia, Miranda también ha informado sobre las modificaciones que había anunciado que se harán de la norma.
El consejero ha indicado que revisarán los artículos que necesitan aclaración y concretar su alcance y se van a integrar en el texto reformado aspectos como el cambio climático, el reto demográfico, la cohesión, la igualdad o la agenda urbana. También ha indicado que se va a mejorar la gestión de licencias y permisos, se dará más protagonismo a las declaraciones responsables, se impulsarán las modificaciones puntuales de los planes generales y se agilizarán los suelos urbanizables para la construcción de viviendas. Otro de los objetivos es determinar criterios homogéneos para definir proyectos de interés general y profundizar en la autonomía de los municipios, explicó el consejero.
De momento, la consejería ha mantido reuniones con directivos de la Fecam y la Fecai. "Hasta ahora lo único que hemos sondeado es la intención de los cabildos y los ayuntamientos de participar de forma activa en la elaboración de la modificación de la ley", ha informado el consejero.