La comisión de investigación de los contratos hechos durante la pandemia en Canarias ha acogido este miércoles la comparecencia del exviceconsejero de presidencia y director del Servicio Canario de Salud de forma interina, Antonio Olivera. A lo largo de las respuestas que ha dado Olivera ha señalado directamente a Conrado Domínguez como la persona que propuso el contrato con la empresa RR7 y ha insistido en que "la clave" era la conexión de las empresas con China a la hora de las formalizaciones. 

Su comparecencia fue la primera de las tres convocadas para este jueves, que han tenido una expectación inusual en la comisión. No solo por la presencia del empresario Víctor Aldama, sino porque los contratos investigados se formalizaron durante el periodo que Olivera fue director general. 

El contexto

En todo momento Olivera ha destacado el contexto en el que se formalizaron los contratos que se investigan, que son los relativos a las empresas Soluciones de Gestión y RR7, que suman un total de 20 millones. Hizo hincapié en que en aquel momento el stock se agotaba rápidamente y estaban en constante búsqueda de empresas que pudieran suministrar material sanitario. 

Por esta razón se primaba aquellas empresas que tenían conexión con el único país que fabricaba entonces mascarillas, que era China. Ahí es donde entran las dos empresas investigadas. "Sinceramente nunca pensé que nadie se quisiera aprovechar", apuntó Olivera. 

Olivera ha contextualizado que al comienzo de la pandemia el stock de material sanitaria se agotaba de forma rápida. "En aquel momento no sabíamos nada, no teníamos previsiones de futuro. El material se agotó muy rápido", ha insistido. 

Primer señalado

En su intervención, y ante la insistencia del diputado de Vox, Nicasio Galván, por saber quién impulsó el contrato con la empresa RR7, Olivera ha apuntado que el propio exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez fue quien propuso el contrato. 

"La propuesta llegó a través de Conrado Domínguez, se la pasó a Ana María Pérez, como directora de recursos económicos", ha apuntado Olivera quien ha asegurado además que el propio Domínguez lo había admitido en un escrito enviado al juez. 

Una afirmación que ha cuestionado la diputada de Coalición Canaria Vidina Espino, al apuntar que Conrado lo había negado en esa misma comisión. En respuesta, Olivera ha apuntado que hay un informe donde el propio Conrado reconoce su propuesta, ante lo que Espino ha pedido el informe para la comisión. 

Olivera ha asegurado que no conocía a los propietarios de esta empresa e incluso aseguró que solo tuvo constancia del supuesto caso de corrupción a través de la prensa "a pesar de que el pedido inicial se produjo en mayo de 2020, estando yo de director, pero no participé en ese procedimiento". 

También ha insistido en que solo se investiga judicialmente el contrato con RR7, pero por posibles comisiones irregulares ajenas a la contratación, y señaló que se firmó cuando él no era director del Servicio Canario de la Salud.

Con Soluciones

El otro gran nombre que salió a relucir en la comparecencia de Olivera fue el del director ejecutivo de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, Íñigo Rotaeche. El empresario llamó a Olivera a quien la seguró que podían entregar material sanitario. La entrega se hizo fraccionada. 

El primer pedido se hizo justo al día siguiente de esa llamada, mientras que los otros dos llegaron el 25 y el 28 de abril. Justo la inmediatez de ese primer pedido fue una de las incertidumbres que señalaron los diputados de Vox, PP y Coalición Canaria. Olivera justifica que la empresa ya había tenido relación con Puertos del Estado y que "lo interesante de su propuesta" era que el material ya estaba en España. 

Otro pedido

Dados los buenos resultados se hizo un pedido por otros 2 millones de euros y el material llegó el 12, el 14 y el 25 de mayo, y "no se adelantó ni un euro, a pesar de que en el contrato ponía que se abonaría el 50%" antes de que llegasen las mascarillas.

Las mascarillas después resultaron no ser aptas. Según explicó Olivera cuando había dudas acerca de la calidad del material se enviaban muestras al centro nacional de Sevilla, y sólo se pagaba en función de la valía del mismo. 

En ningún momento investigó a la empresa, según ha admitido, un hecho que le llevó a desconocer que la empresa no había facturado hasta ese momento y justifica esa falta de investigación en los contratos de emergencia. "Me guié por el sentido común, si esa empresa estaba suministrando a los puertos del Estado por qué no va a ser válido que me suministre a mí", ha explicado. 

Esa despreocupación por las empresas con las que se establecían contratos fue una de las principales críticas del diputado popular Fernando Enseñat ha acusado a Olivera de actuar con "pasotismo" y "despreocupación" al no informar al presidente del gobierno de Canarias de los procesos de contratación, mientras que la exconsejera de Sanidad Teresa Oval ha declarado que sí lo hacía cuando estaba en el cargo.