Natalia de Luis Yanes, quien fuera interventora general de Canarias de 2019 a 2023 y, por ende, durante el periodo en el que se realizaron miles de contratos de emergencia por la crisis sanitaria de la COVID-19, ha asegurado este lunes en una comisión de investigación del Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta de Vox, que el contrato con RR7 United no fue "correcto desde el punto de vista administrativo".
"El contrato con RR7 no se puede aprobar. Se tendría que haber resuelto y reclamado", ha afirmado De Luis, respondiendo a otra pregunta al mismo hilo formulada por el PP.
El contrato
Este contrato está bajo la lupa en el caso Mascarillas porque implicó que el Gobierno de Canarias pagase dos millones de euros a dicha empresa para adquirir mascarillas en el mercado asiático durante los primeros meses de la emergencia sanitaria y, pese a no haber recibido el cargamento, se pagasen otros dos millones más para otro pedido que tampoco llegó nunca. Para mayor escarnio, las mascarillas que no llegaron eran falsificadas.
De Luis Yanes ha considerado en el Parlamento que, a su juicio y sabiendo las cosas que se saben ahora, volver a encargar material a una empresa que no había entregado el primer lote es algo que no debió haber ocurrido, como también ha considerado, preguntada por el PP, que "no es habitual" que en un contrato por emergencia como el de RR7 se realizasen modificaciones y readaptaciones contractuales a posteriori, como se hizo en aquel caso.
En concreto, la dirección general de Recursos Económicos cambió las mascarillas 3M falsas por unas de la marca Honeywell, más baratas y de diferente factor de protección.
No era su competencia
Con todo, De Luis Yanes ha dejado muy claro en su comparecencia que no era competencia de la Intervención General de Canarias fiscalizar contratos de emergencia -ni entonces, ni en ningún caso, ya que la legislación al respecto exime a las intervenciones de esta fiscalización de forma expresa-.
Por el contrario, la exinterventora general ha afirmado que la función de su órgano era "seguir la ejecución del gasto a posteriori". Sí que ha reconocido De Luis que, "a toro pasado", y viendo la situación con la perspectiva que dan los años que han pasado, probablemente se podrían haber hecho las cosas "de otro modo".
No constituía delito a priori
Ahora bien, De Luis ha subrayado que nada de lo que vio en aquel momento sobre los contratos de RR7 United ni de Soluciones de Gestión y Apoyo (empresa también investigada, en el marco del caso Koldo, por presuntos delitos de cohecho, organización criminal o tráfico de influencias que vendió mascarillas a la Comunidad Autónoma de Canarias) era "indiciario de delito".
Otra de las cuestiones por las que ha sido preguntada la compareciente por varios de los grupos parlamentarios es la cuestión de demostrar capacidad y solvencia por parte de las empresas adjudicatarias para recibir un contrato de emergencias. De Luis ha hecho hincapié en que la Junta Consultiva de Contratación Pública no dio ninguna indicación sobre comprobar dicha capacidad y solvencia y, además, la Agencia Española del Medicamento autorizó de forma excepcional a empresas sin experiencia previa en el sector a comercializar productos sanitarios aunque su razón social fuese distinta porque lo que primaba era que tuviesen capacidad logística en los mercados asiáticos, que es donde se producían las mascarillas y demás material.
Sin experiencia
En ese contexto, De Luis ha recordado que el Estado autorizó, de forma también extraordinaria, que se pudiesen realizar encargos con pago por adelantado a proveedores en esos mercados, estando previstos posibles quebrantos como los que acabaron ocurriendo, que serían asumidos por el Estado.
Eso sí, los diputados de Vox y del PP han recriminado que se realizase la contratación con esas dos empresas cuando había otras que sí tenían experiencia que se quedaron "ociosas"; y se han preguntado -sin obtener respuesta- cómo se acreditaba tener capacidad logística en China, a la vista de que RR7 United se demostró incapaz de traer el material (no así Soluciones de Gestión).
Reuniones
Por último, Natalia de Luis Yanes también ha informado a los diputados que, durante el periodo de la pandemia, la Intervención General de Canarias se reunió de forma quincenal -y después mensual- con las intervenciones generales del resto de las Comunidades Autónomas, con la Intervención General de la Administración del Estado y con el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea para resolver dudas y situaciones sobrevenidas en la gestión del gasto.
La exinterventora general de Canarias ha resaltado que en esas reuniones el Tribunal de Cuentas de la Comisión Europea sí expresó sus preocupaciones por los contratos de emergencias, aunque el principal debate no giró en torno a esa cuestión.