El Partido Animalista PACMA ha advertido al Gobierno de Canarias de que lo llevará a los tribunales si no actúa para impedir las peleas de gallos que, según su información, se continúan celebrando en cinco islas del archipiélago.
En un comunicado, PACMA explica que ha puesto en conocimiento de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia la organización de riñas en La Palma, Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, presuntamente promovidas por la Federación Gallística Canaria y las asociaciones que la integran.
El partido animalista asegura contar con “pruebas fehacientes” de que algunas de estas peleas se estarían desarrollando en instalaciones deportivas de titularidad municipal.
Según PACMA, el hecho de que estos eventos tengan lugar en recintos municipales implicaría que se celebran “no solo con conocimiento, sino incluso con colaboración de los ayuntamientos”, lo que, a su juicio, agrava la situación.
La formación sostiene que las riñas de gallos son ilegales desde 2007, cuando la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el Cuidado de los Animales en su Explotación, Transporte, Experimentación y Sacrificio, prohibió utilizar animales en peleas en todo el territorio nacional.
“No vamos a permitir que el Gobierno de Canarias continúe escurriendo el bulto y, si es necesario, iremos a los tribunales”, advierte PACMA en su comunicado.
Respuesta institucional
La formación animalista señala que la respuesta recibida por parte de la Viceconsejería es que este departamento no tiene competencias en la materia, limitando sus atribuciones a los animales de compañía.
PACMA rechaza este argumento y considera que las peleas de gallos constituyen una actividad “expresamente prohibida” por la normativa estatal vigente, por lo que entiende que las instituciones públicas deben actuar para impedir su celebración.
El partido insiste en que estas prácticas son “crueles e impropias de una sociedad moderna” y recalca que no pueden continuar desarrollándose, “menos aún con la aquiescencia y complicidad de las instituciones públicas”, por lo que mantiene su amenaza de acudir a la vía judicial si no se adoptan medidas.