El último pleno del Parlamento de Canarias antes del paro de agosto ha aprobado una de las normas más criticadas del último año. Los grupos de Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI han sacado adelante Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, que durante su tramitación generó un sigma con ASG y que ha generado el amplio rechazo de la oposición que ve en la ley una puerta abierta a la especulación
El texto llegó al parlamento a través de un decreto del Ejecutivo con la intención de reducir los plazos para edificar, incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible y facilitar la promoción de nuevas viviendas. Pero durante toda la tramitación ha habido cierta controversia en torno a las enmiendas presentadas sobre vivienda vacacional, hasta el punto de eclipsar el contenido original del texto y evidenciar las diferencias entre los socios del Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular con Agrupación Socialista Gomera (ASG).
Agilizar licencias y aumentar la oferta de vivienda
La nueva ley introduce mecanismos para que los ayuntamientos puedan apoyarse en colegios profesionales o entidades colaboradoras acreditadas para emitir informes técnicos urbanísticos, con el objetivo de reducir los tiempos de concesión de licencias sin modificar las competencias municipales. Cuestión que desde Nueva Canarias han tachado de "privatizar el urbanismo".
La ley también incorpora la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias que no cumplen los requisitos para acceder a una vivienda protegida, pero tampoco pueden asumir los precios del mercado libre. También permite destinar determinados suelos terciarios, industriales o comerciales a uso residencial, facilita la transformación de edificios inacabados en viviendas protegidas y contempla medidas para impulsar la construcción industrializada.
El Gobierno sostiene que estas herramientas permitirán responder con mayor rapidez a la emergencia habitacional que atraviesa Canarias.
La vivienda vacacional divide al Gobierno
Pese a ello, buena parte del debate se centró en las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria sobre la vivienda vacacional, ajenas al objeto inicial de la ley.
La principal discrepancia surgió a raíz de una propuesta de ASG, apoyada por PSOE, Nueva Canarias y Vox, para que las viviendas vacacionales dejaran de ser consideradas actividad clasificada y pasaran a tener la consideración de actividad inocua en determinados supuestos. La iniciativa finalmente decayó tras prosperar un voto particular presentado por el resto de los grupos que respaldan al Ejecutivo.
Tras la votación, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció que el debate había generado "zozobra" e "incertidumbre", especialmente en las islas verdes, y anunció que el Gobierno regulará esta actividad teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio, lanzándole un capote a ASG para restablecer la unión entre los grupos que apoyan al Gobierno después de haber impedido que prosperar la enmienda del partido gomero. Sus palabras fueron respondidas por el diputado de ASG Jesús Ramos Chinea: "Usted sabe de nuestra lealtad, sabe que puede contar con la ASG para mejorar la vida de los canarios y en ese sentido seguiremos apoyándole siempre".
La oposición habla de una "ley ómnibus"
Los grupos de la oposición criticaron que el proyecto acabara incorporando modificaciones sobre cuestiones ajenas a su objeto inicial. La socialista Patricia Hernández, calificó la norma de "ley ómnibus" y ha criticado que ha habido "pelea" entre los grupos que apoyan al Gobierno por temas que nada tiene que ver con la vivienda porque esta "les importa un pimiento", ya que desde su punto "esto va de ampliar el negocio". En este sentido Hernández aseguró que han incorporado enmiendas para que los promotores puedan ampliar los precios.
El representante de AHI, Raúl Acosta, aseguró que la tramitación se había convertido en un "tinglado" al introducir enmiendas para tratar de resolver aspectos relacionados con la futura ley de vivienda vacacional.
Mientras que desde Nueva Canarias, Carmen Hernández acusó al Gobierno de utilizar la crisis habitacional para "privatizar el urbanismo", al considerar que delegar informes técnicos en entidades externas reduce el control público. En la misma línea, el PSOE sostuvo que la ley favorece la vivienda asequible incentivada frente a la vivienda protegida y beneficia a los promotores privados.
Por su parte, Vox consideró que el decreto inicial era una norma "sencilla" para agilizar licencias y lamentó que el trámite parlamentario "adulterara" el texto con enmiendas ajenas.
Defensa de la ley
Frente a las críticas, Coalición Canaria y el Partido Popular defendieron que la ley mantiene todas las garantías urbanísticas y el control público sobre la concesión de licencias, al tiempo que elimina trabas burocráticas para acelerar la construcción de viviendas. El Ejecutivo sostiene que la norma permitirá construir más viviendas en menos tiempo, aprovechar suelo ya urbanizado y reforzar la oferta de vivienda protegida y asequible, uno de los principales objetivos de la legislatura frente a la crisis del acceso a la vivienda en Canarias.
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