La diputada del PSOE, Patricia Hernández, ha acusado este martes al Gobierno de Canarias de actuar como "medianero de los intereses económicos y especulativos" en materia de vivienda y ha cuestionado las cifras de promoción pública ofrecidas por el Ejecutivo, al asegurar que contradicen la documentación remitida por la propia Consejería al Parlamento.
Durante una interpelación al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, Hernández ha sostenido que, frente a las más de 4.000 viviendas públicas en distintas fases anunciadas por el Gobierno, la respuesta oficial a varias solicitudes de información parlamentaria refleja que actualmente el Instituto Canario de la Vivienda construye 519 viviendas y Visocan otras 379.
El PSOE cuestiona las cifras de vivienda pública
De ese monto, ha agregado, un centenar corresponden a una promoción iniciada en la anterior legislatura por el Gobierno del PSOE en el barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife.
La diputada ha añadido que el actual Gobierno tampoco está cumpliendo los objetivos marcados al declarar la emergencia habitacional y ha asegurado que, desde entonces, solo se ha concedido la calificación definitiva a 52 viviendas protegidas de promoción privada, pese a que se han solicitado más de 4.000.
Críticas a la gestión de la emergencia habitacional
Así, según la documentación, en 2024 se resolvieron favorablemente 34 expedientes en ese sentido, en 2025 otros 17 y en el primer semestre de 2026 únicamente uno.
Hernández ha reprochado además al Ejecutivo haber incumplido buena parte de los compromisos del inicio de legislatura al no haber elaborado, por ejemplo, el anunciado diagnóstico sobre vivienda vacía ni puesto en marcha el plan específico para movilizar este parque residencial.
Reproches por el mercado del alquiler
También ha criticado que la Consejería haya renunciado a aplicar los mecanismos previstos en la legislación estatal para limitar el precio del alquiler, mientras, ha opinado, ha impulsado cambios normativos que, a su juicio, favorecen el negocio inmobiliario.
A juicio de la diputada socialista, las medidas impulsadas por el Gobierno favorecen la rentabilidad del mercado inmobiliario frente al acceso a la vivienda y trasladan el peso de la crisis habitacional a los ciudadanos, mientras continúan aumentando los precios.
La respuesta del Gobierno
El consejero, en su turno de réplica, ha asegurado que no se sentía ofendido por la expresión utilizada por la diputada socialista y, de seguido, que tampoco se daba por aludido, y ha defendido el balance global de gestión de su departamento durante la legislatura.
También ha manifestado que el Instituto Canario de la Vivienda cuenta con el mayor presupuesto de su historia y ha defendido que el Ejecutivo ha iniciado la construcción o planificación de más de 4.000 viviendas públicas "en distintas fases", además de poner en marcha un visor para consultar el estado de cada promoción.
Las medidas defendidas por Pablo Rodríguez
Rodríguez ha citado también entre las actuaciones del Gobierno las ayudas al alquiler para más de 8.200 familias, las deducciones fiscales para incentivar la salida al mercado de viviendas vacías, la aprobación de dos decretos ley en materia de vivienda y el programa Rehabilita Canarias para adquirir edificios inacabados.
Ha agregado, asimismo, la importancia que tendrá el futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030, así como la hipoteca joven aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno.
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