El Parlamento de Canarias ha convalidado este jueves el Decreto-ley 5/2026, una norma que introduce cambios en tres ámbitos: fiscalidad, gestión de los fondos europeos Next Generation y servicios sociales y dependencia.
El decreto ha salido adelante con la abstención de los grupos de la oposición. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha defendido que la norma responde a la necesidad de adaptar el marco jurídico a problemas concretos y eliminar obstáculos administrativos.
"Son materias distintas, pero las modificaciones responden a un mismo criterio: adecuar nuestra normativa a la realidad y evitar que determinadas rigideces administrativas terminen perjudicando el interés general", ha señalado Delgado.
Cambios en dependencia
El bloque que afecta a los servicios sociales modifica la Ley de Servicios Sociales de Canarias para facilitar la puesta en funcionamiento de determinados centros y servicios mediante declaración responsable y regula la acreditación administrativa como garantía de calidad para su vinculación con el sistema público.
La medida llega en un contexto en el que aproximadamente el 60 % de los centros y servicios incluidos en convenios de dependencia con los cabildos están pendientes de acreditación.
Delgado ha defendido que este porcentaje no significa que los centros funcionen de forma irregular, sino que refleja las dificultades administrativas acumuladas y la necesidad de adaptar el modelo de acreditación a la situación actual.
La consejera ha señalado además que Canarias ha mejorado su capacidad para tramitar y resolver expedientes de dependencia, pero ha advertido de que el siguiente reto es conseguir que los derechos reconocidos se traduzcan en atención efectiva.
"La persona tiene que recibir el servicio, la prestación o plaza reconocida", ha afirmado.
16.000 personas siguen esperando
Durante el debate, el diputado del PP Fernando Enseñat ha cifrado en 16.000 los canarios que siguen sin recibir una prestación que ya les ha sido reconocida y ha defendido la necesidad de aumentar los servicios disponibles y eliminar los obstáculos administrativos.
El decreto también atribuye a la Comunidad Autónoma capacidad para crear, financiar, organizar y gestionar plazas y recursos de atención residencial, centros de día y de noche y otros servicios vinculados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Esta posibilidad se contempla cuando exista insuficiencia de recursos, demora en el acceso efectivo a las prestaciones, urgencia social o desequilibrio territorial.
El Gobierno de Canarias sostiene que la reforma pretende reducir los obstáculos administrativos sin rebajar los requisitos de calidad ni las competencias de comprobación, inspección, control y sanción de la Administración.
Críticas de la oposición
Los grupos de la oposición han optado por la abstención y han cuestionado especialmente la inclusión de las modificaciones de la Ley de Servicios Sociales dentro del decreto ley.
La diputada de Nueva Canarias Natalia Santana ha respaldado algunas de las medidas tributarias y relacionadas con los fondos europeos, pero ha criticado que el Ejecutivo haya aprovechado la norma para modificar la legislación de servicios sociales.
Santana ha considerado que estos cambios se han introducido "por la puerta de atrás" y ha reclamado una tramitación que permita la participación de los grupos parlamentarios, colegios profesionales, trabajadores, familias y plataformas.
La socialista Elena Máñez ha señalado que su grupo apoyaría el decreto si se limitara a las medidas fiscales y sobre fondos europeos, pero ha rechazado las modificaciones en materia de dependencia por considerar que hurtan el debate parlamentario.
También ha cuestionado la falta de personal en el servicio de inspección y el uso de la declaración responsable para determinados procedimientos.
Desde Vox, la diputada Paula Jover ha criticado el uso de los decretos ley y ha considerado que la norma constituye "un ejemplo más del caos normativo" del Gobierno autonómico.
Los grupos que apoyan al Ejecutivo sí han respaldado la convalidación. Desde Coalición Canaria, Socorro Beato ha defendido la agilización de los procedimientos, mientras que Raúl Acosta, del Grupo Mixto, ha considerado urgente actuar en materia de dependencia. Melodie Mendoza, de ASG, ha destacado que el decreto mejora la seguridad jurídica y facilita que los derechos sociales reconocidos se transformen en servicios efectivos.
Cambios fiscales
El segundo gran bloque de la norma introduce modificaciones en materia tributaria.
El decreto elimina la referencia al tipo superreducido del 3 % para determinados productos derivados del refino del petróleo en el IGIC, con el objetivo de aclarar su tributación, y adapta la regulación de los biocarburantes mezclados con gasolinas y gasóleos.
También establece hasta el 31 de marzo de 2027 un tipo cero del AIEM para la importación de dióxido de carbono, debido a la paralización temporal de la producción de la empresa canaria de la que se obtiene este gas.
Otra de las medidas elimina el requisito de que las sociedades de garantía recíproca tengan su domicilio social en Canarias para poder aplicar el tipo del 0,1 % en Actos Jurídicos Documentados.
El objetivo de esta modificación es adaptar la regulación canaria a la doctrina constitucional y garantizar una mayor seguridad jurídica.
Fondos europeos
El tercer bloque del Decreto-ley 5/2026 afecta a la gestión de los fondos europeos Next Generation.
La norma modifica los límites de los compromisos de gasto plurianuales y de la tramitación anticipada de expedientes financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El objetivo es adaptar la legislación presupuestaria de Canarias a los nuevos calendarios de ejecución de los fondos europeos y evitar que las islas puedan perder financiación por las limitaciones de los plazos inicialmente previstos.
Delgado ha defendido que estas modificaciones no eliminan controles ni flexibilizan las obligaciones asociadas a los fondos europeos, sino que evitan que la propia normativa autonómica se convierta en un obstáculo para ejecutar los recursos disponibles.
El Decreto-ley 5/2026, aprobado inicialmente por el Gobierno de Canarias el 27 de julio y publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 14 de agosto, entró en vigor el 15 de agosto.
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