No hubo consenso entre todos los partidos políticos pero Canarias ya cuenta con una nueva ley de ciencia. El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley Canaria de la Ciencia, aunque solo se ha apoyado con los votos a favor de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, AHI, ASG, Partido Popular y Coalición Canaria, con el voto en contra de Vox y Nueva Canarias y la abstención del Partido Socialista, que ha prometido mejorar las “lagunas” del texto cuando vuelvan a gobernar.
La norma viene a actualizar un marco jurídico con 25 años bajo la premisa de incrementar la inversión pública y favorecer también la inversión privada en I+D+i, reducir la burocracia que soportan investigadores y centros, favorecer que el conocimiento generado en universidades y centros de investigación llegue a las empresas y genere actividad económica o aprovechar las ventajas del Régimen Económico y Fiscal (REF) para atraer investigación e innovación. El cómo se hará es lo que ha marcado el debate.
Críticas de la oposición
La falta de consenso en el pleno se ha debido principalmente a las carestías que han encontrado los grupos de la oposición en aspectos como la ausencia de una ficha financiera que blinde los efectos de la ley y el papel de las universidades públicas en el Consejo Asesor, donde se las iguala con respecto a administraciones públicas como cabildos, ayuntamientos, empresas o sindicatos.
Estas cuestiones han sido las que han centrado las críticas desde Nueva Canarias y PSOE. Desde el partido nacionalista progresista, Carmen Hernández ha calificado de “papel mojado” la norma por no contar con una ficha financiera y ha reprochado que la ley nace “de espaldas” a las universidades.
Universidades y financiación
Asimismo, ha afeado que se plantee la creación de una nueva fundación universitaria “que además no definen, que compite en funciones con la actual Agencia Canaria de Investigación y que muchos nos tememos que se va a convertir en el nuevo coladero de cargos públicos o de afiliados de Coalición Canaria”. “Detrás de todo esto lo que subyace es un menosprecio a las universidades públicas”, ha criticado.
La diputada socialista Alicia Pérez, por su parte, si bien ha insistido en la necesidad de actualizar la ley de ciencia en vigor, el actual texto considera que se queda corto en lo que “Canarias necesita” debido a la falta de peso de las universidades y de una falta de compromiso con la carrera investigadora con respecto a la financiación. Por todo ello ha prometido que corregirán las “lagunas” de la ley cuando gobiernen.
Postura de Vox
La crítica de Vox no se ha centrado en estas cuestiones y se ha basado más en la base y los aspectos ideológicos acogidos en la ley. El diputado Nicasio Galván ha abogado por derogar la ley de ciencia y dejar que las universidades y los científicos “trabajen en paz sin el control político”, porque desde su punto de vista la gestión política debe estar “alejada de la ciencia”. También ha insistido en la búsqueda de las tierras raras, cuestión común en sus intervenciones sobre economía y ciencia, igual que con la cuestión de la energía y los pequeños reactores nucleares.
Desde los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias se ha respaldado el texto por su mejora con respecto al documento original presentado por el Ejecutivo autonómico, aunque se ha llegado a plantear que en unos años se hagan modificaciones a la norma. Raúl Acosta ha apuntado que el texto que se ha aprobado es mejor que el presentado en un primer momento y se incorporaron peticiones de las universidades. Eso sí, ha valorado que “será necesario dotar a la norma de la financiación suficiente”.
Apoyos al texto
La diputada Melodie Mendoza, de ASG, ha destacado la simplificación administrativa que supondrá la nueva ley y su apuesta por la economía azul, astrofísica o el ámbito aeroespacial. “El verdadero éxito de la norma dependerá de su desarrollo”, por lo que ha apuntado la necesidad de desarrollar “con agilidad” la Estrategia Canaria de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Canario de I+D+i para que la “planificación científica responda a las necesidades de nuestro Archipiélago”.
Para el diputado del Partido Popular Jacob Quadri, el texto dota de “una herramienta moderna” para ordenar el sistema científico canario. Sobre la polémica por el peso de las universidades en la toma de decisiones científicas ha señalado que nadie ha cuestionado el papel de las universidades públicas y que sus aportaciones han sido escuchadas y algunas han encontrado su encaje, aunque no todas porque algunas “eran muy complicadas” como las “retribuciones económicas, uso de remanente o financiación”. Pese a ello ya ha planteado que en un futuro se pueda cambiar.
Desde Coalición Canaria, Cristina Calero ha afirmado que Canarias necesitaba esta ley para avanzar como “hub internacional” para el sector científico y destacó las mejoras incorporadas durante su tramitación parlamentaria. Su compañera de partido, la consejera de Univerisdades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, agradeció a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias la aprobación del texto y a la oposición por haber aportado mejoras al texto.
Los puntos novedosos
La futura Ley Canaria de la Ciencia introduce un nuevo marco para la investigación y la innovación en el archipiélago con varias novedades destacadas. Entre ellas, refuerza el papel de las universidades públicas como pilares del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación; crea la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para coordinar y gestionar la política científica; e impulsa medidas para reducir la carga burocrática de los investigadores, como el denominado "pasaporte científico", un expediente digital único que evitará presentar la misma documentación en cada convocatoria.
La norma también pone el foco en la transferencia del conocimiento al tejido productivo, promoviendo las spin-offs, los doctorados industriales y la colaboración entre universidades y empresas. Además, incorpora referencias al uso ético de la inteligencia artificial en la investigación, plantea programas para atraer y retener talento científico y vincula la política de I+D+i con las ventajas del Régimen Económico y Fiscal (REF) con el objetivo de atraer inversión tecnológica y diversificar la economía canaria.