La comisión parlamentaria creada para investigar las responsabilidades políticas del Caso Mascarillas encara su recta final. Este jueves, la mesa de la comisión ha entregado a los grupos parlamentarios una copia “secreta” del dictamen basado en los más de dos años de las declaraciones con medio centenar de cargos públicos, técnicos y personas involucradas en las tramas, dando inicio así al final de la comisión tras varias prórrogas.
Ahora los grupos podrán presentar enmiendas al dictamen y posteriormente el documento será público. Los grupos parlamentarios tienen ahora 10 días para la presentación de enmiendas al dictamen presentado por la mesa de la comisión presidida por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, y con Gustavo Santana (PSOE) como vicepresidente y Luz Reverón (Partido Popular) como secretaria.
Calendario de aprobación
La previsión es que el 12 de junio la mesa califique las enmiendas y que posteriormente se celebre una comisión donde se apruebe definitivamente el dictamen con las enmiendas aprobadas.
Con esa aprobación definitiva el documento ya sería público y se podrían conocer las conclusiones que se han sacado de los más de dos años de reuniones. Por último, el dictamen sería remitido al pleno para su aprobación definitiva. “Nos quedarán tres o cuatro plenos más”, ha apuntado el presidente de la comisión, Raúl Acosta, al respecto de los plazos, que se prevé que se apruebe en este periodo de sesiones.
Al respecto de las filtraciones a los medios de comunicación del dictamen, como ya sucedió con un borrador anterior, Acosta ha señalado que espera “que todo el mundo respete”. “Hemos tenido las máximas cautelas. Por eso ha sido entregado en mano a los grupos parlamentarios, para evitar cualquier riesgo de filtración y esperamos que cada uno cumpla escrupulosamente con su obligación”, ha apuntado Acosta tras la reunión de la mesa.
La investigación
La comisión se creó a raíz de la investigación por el conocido como Caso Mascarillas, que intenta esclarecer qué hay detrás del pago anticipado por parte de la anterior Consejería de Sanidad, en manos del PSOE, de unos 4 millones de euros por mascarillas FFP2 a la empresa RR7 United SL, material que nunca llegó a entregarse al Servicio Canario de Salud (SCS).
También se ha investigado la relación con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a la trama de Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Según las investigaciones, esa red consiguió contratos públicos en varias administraciones, incluidas Canarias. El propio Aldama tuvo que asistir a una de las reuniones de la comisión, aunque acogiéndose a su derecho a no declarar.
La trama se amplió con los contratos por valor de 12,2 millones de euros que la antigua Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud dio a la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, sociedad que aparece en el epicentro del caso al estar ligada a Koldo García, asesor en aquel entonces del exministro de Transporte José Luis Ábalos, para la compra de mascarillas.
El contrato de RR7
El centro del caso es el pago de 4.775.500 euros a RR7 United SL, empresa dedicada a la compraventa de vehículos, por la adquisición de mascarillas protectoras FFP2 destinadas a los hospitales del SCS. Las mascarillas nunca llegaron y la comunidad autónoma no ha recuperado todavía el dinero pagado a la empresa.
Respecto a la empresa vinculada a Aldama, el primer contrato se tramitó en abril de 2020, una vez comenzado el estado de alarma. El SCS encargó a la empresa la compra de un total de 2,75 millones de mascarillas -a un coste de 2,5 euros la unidad- por 6.875.000 euros. El encargo llegó a Canarias, pero un lote era defectuoso.
Pese a ello se adjudicó un segundo contrato por 417.814,71 euros por el servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95 y otro más de cinco millones de euros por la compra de más mascarillas. Una de las cuestiones señaladas por la UCO es que estos contratos fueron modificados con el único fin de “dar cobertura justificativa” de esa segunda oportunidad que el Ejecutivo autonómico dio a la empresa.
Los nombres
Entre los comparecientes confirmados figuran el expresidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres, el empresario Víctor de Aldama, el exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez y el administrador de RR7 United, Rayco González. Asimismo, han comparecido varios exconsejeros del Gobierno autonómico, como Teresa Cruz, Blas Trujillo, Julio Pérez y Román Rodríguez.