El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes el decreto ley para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, y ha aprobado su tramitación como proyecto de ley para introducir mejoras, según ha defendido el Gobierno regional. La iniciativa ha contado con el respaldo de los grupos que apoyan al Ejecutivo, mientras que PSOE y Nueva Canarias han expresado su oposición con duras críticas.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha argumentado que la norma permitirá acelerar trámites en municipios con escasos recursos técnicos, a través de la externalización de informes urbanísticos a entidades colaboradoras o colegios profesionales, sin que ello suponga una privatización obligatoria.
Impacto en vivienda y seguridad jurídica
Miranda ha asegurado que esta colaboración público-privada contribuirá a reducir la carga de trabajo de las oficinas técnicas municipales, facilitar la construcción de vivienda, y generar empleo en el ámbito técnico. Ha insistido en que el decreto mantiene la seguridad jurídica, respeta la autonomía municipal y ofrece a los promotores plazos más razonables para obtener licencias.
Además, ha subrayado que el mecanismo permitirá impulsar viviendas asequibles e incentivadas, destinadas a familias de clase media y jóvenes trabajadores, que quedan fuera de otras ayudas públicas.
Críticas de la oposición: "No va de vivienda, va de los de siempre"
Desde el PSOE, la diputada Patricia Hernández ha acusado al Ejecutivo de "colar por la puerta de atrás una reconfiguración del modelo urbanístico de Canarias", afirmando que el decreto no trata de vivienda, sino de favorecer intereses privados como el del Siam Park de Gran Canaria.
Hernández ha reprochado al Gobierno que el decreto ofenda a los funcionarios públicos y oculte la inacción en políticas de vivienda durante décadas. Ha advertido que beneficiará a quienes ya pueden permitirse contratar técnicos privados.
Nueva Canarias denuncia especulación
Por su parte, Carmen Hernández (NC-Bloque Canarista) ha señalado que el texto busca favorecer la especulación, utilizando la emergencia habitacional como excusa. Ha acusado al Gobierno de “jugar al monopoly” con Canarias y de dejar la gestión del suelo en manos del sector privado, lo que a su juicio conlleva serios riesgos jurídicos y de planificación.
Ha ironizado sobre la lógica del decreto preguntando si, por la misma razón, se debería privatizar la dependencia y la discapacidad ante los retrasos administrativos.
PP, CC, Vox y ASG respaldan el texto con matices
Desde el Partido Popular, Luz Reverón ha pedido no generalizar sobre todos los ayuntamientos y ha considerado positivo que el decreto se tramite como proyecto de ley para introducir mejoras y escuchar a los cabildos y al personal público afectado.
La diputada de Coalición Canaria, Socorro Beato, ha defendido la norma como "necesaria y valiente", afirmando que cada licencia agilizada será una vivienda que llegue a una familia. Ha negado que se trate de una medida especulativa y ha recalcado la falta de personal técnico en muchos municipios.
Paula Jover, de Vox, ha votado a favor para frenar la parálisis en la construcción y ha exigido mayor celeridad en programas como el de vivienda vacía. También ha cuestionado la insuficiencia presupuestaria en políticas de vivienda.
Desde la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza ha celebrado la intención de descongestionar las oficinas técnicas municipales y ha pedido que las ponencias legislativas sean breves ante la emergencia habitacional.
Por último, Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, ha defendido la urgencia de la medida, acusando a algunos grupos de no comprender la colaboración público-privada ni la gravedad del problema de la vivienda.