El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por mayoría, una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular para exigir al Gobierno central una auditoría “externa, independiente y transparente” sobre los fallos detectados en el sistema de dispositivos telemáticos de control, conocido como Cometa, encargado de vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento por violencia machista.
La iniciativa, defendida por la diputada Rebeca Paniagua, denuncia que la migración de datos y los problemas técnicos surgidos tras el cambio de empresa adjudicataria en 2023 provocaron la pérdida de información histórica, deficiencias de localización y cobertura e, incluso, casos en los que los agresores manipularon o se quitaron las pulseras sin ser detectados.
“Lo que debía ser una herramienta de protección para las mujeres maltratadas se convirtió en una ruleta rusa tecnológica”, afirmó Paniagua durante su intervención, recordando que la Fiscalía, los jueces de violencia sobre la mujer y los sindicatos policiales han advertido de que estos fallos derivaron en absoluciones y desprotección real de las víctimas.
Críticas al Gobierno central
La diputada tinerfeña criticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministerio de Igualdad “han intentado minimizar los hechos hablando de incidencias puntuales, cuando los fallos se prolongaron durante meses y pusieron en riesgo a miles de mujeres”.
“Mientras se caía el sistema Cometa, el feminismo oficial del PSOE se entretenía en hacerse fotos con pancartas. Nosotras sostenemos compromisos reales, leyes eficaces y tecnología que no falle cuando la vida de una mujer depende de ello”, añadió Paniagua.
Petición de transparencia
La PNL aprobada insta al Gobierno de Canarias a requerir al Ejecutivo estatal la contratación urgente de una auditoría externa sobre la adjudicación, implantación y funcionamiento del sistema Cometa, así como a publicar de forma inmediata todos los datos sobre los fallos detectados en el Archipiélago: número de víctimas afectadas, procedimientos judiciales alterados, tipo de errores y duración real de las incidencias.
“Queremos transparencia, depuración de responsabilidades y garantías técnicas verificables”, subrayó Paniagua, quien recordó que el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial ya había alertado del riesgo de adjudicar este contrato a empresas sin experiencia suficiente. “El tiempo les ha dado la razón”, concluyó.