Los problemas con las pulseras para controlar a los agresores machistas ha generado un terremoto en el Ministerio de Igualdad. Se trata de fallos que fueron alertados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a principios de este año —según una información adelantada por El Español—, unos avisos en los que se notificaron incidencias y fallos relacionados con la geolocalización que ya están solucionados.
El principal inconveniente se ha producido a la hora de saber dónde se encuentran tanto las víctimas como los agresores —aunque desde el Gobierno de España remarcan que ninguna mujer ha sido asesinada a causa de un error en las pulseras—. Todo parte de un cambio en el operador adjudicatario del servicio, al pasar de Telefónica a Vodafone, lo que condujo a sobreseimientos temporales o absoluciones según una memoria elaborada por la Fiscalía.
Falta de personal
Pero la cosa no queda ahí porque Nahuel González y Engracia Rivera, diputados de Sumar en el Congreso, avisaron el 6 de marzo de 2024 al Ejecutivo central en una pregunta por escrito de que en el Archipiélago se estaban registrando contratiempos con las pulseras. El documento, sobre el informó La Razón y que ha podido consultar Atlántico Hoy, resalta que en las Islas había escasez de trabajadores para gestionarlas.
“El Gobierno canario ha destacado una preocupante falta de personal para la correcta implementación de pulseras de control telemático a maltratadores, dispositivos esenciales para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento”, desarrolla. “La violencia machista, un flagelo persistente en nuestra sociedad, requiere de una respuesta firme y coordinada”, añade.
"Un retroceso"
Pone sobre la mesa que en el Archipiélago había solo dos puestos técnicos por provincia en un territorio insular fragmentado para atender la instalación de estos dispositivos. Un escenario, sostiene, que compromete gravemente la eficacia de esta herramienta vital. “La situación no solo retrasa la activación de las medidas de protección, sino también expone a las mujeres a riesgos inminentes”, sentencia.
“La falta de personal técnico en la empresa concesionaria denota un déficit, además de un retroceso en la calidad del servicio y un peligro para la integridad de las víctimas. El problema subraya la urgencia de supervisar adecuadamente la labor de la compañía encargada y, más ampliamente, de revisar la eficiencia de los protocolos”, prosigue.
Avances tecnológicos
Los de Yolanda Díaz pidieron una reflexión urgente sobre el compromiso con la seguridad de las mujeres y buscar soluciones inmediatas para “las carencias detectadas en Canarias”. “Es preciso que el Gobierno evalúe esta situación con la seriedad que merece y tome medidas efectivas que aseguren una protección real para las víctimas de violencia de género”, reflexionaron.
“Es imperativo actuar con determinación para garantizar que los avances tecnológicos y los recursos disponibles se traduzcan en una protección tangible para todas las mujeres en Canarias y en el resto de España”, sentencia el texto que daba pie a la pregunta parlamentaria de los diputados de Sumar.
Cambio de adjudicataria
El Ejecutivo central les contestó el 12 de abril que “como resultado del cambio de adjudicataria actualmente se está en proceso de sustitución progresiva de los dispositivos”. Además, puso sobre la mesa que se ha solicitado la colaboración de todas las instituciones implicadas para el cambio de los aparatos.
La razón, esgrimió, es que la desinstalación del antiguo dispositivo y del nuevo podrá tener lugar en dependencias judiciales o policiales a los investigados / encausados condenados ya las víctimas en su domicilio o el lugar que estas indiquen. “No se desinstala el dispositivo actual”, apuntó, “hasta que se haya comprobado que todo funciona correctamente”.
Plan de seguimiento
El Ministerio de Igualdad, como ha informado EFE, puso en marcha en septiembre de 2024 un “exhaustivo plan de seguimiento” del servicio de dispositivos de control telemático de agresores machistas para “responder de forma inmediata” a posibles incidencias y «poner en marcha posibles mejoras» para mejorar la protección de las víctimas.
El plan incluía el seguimiento de patrones de incidencias para establecer posibles ajustes y mejoras, información sobre las condiciones y el ritmo de trabajo del personal de Cometa, control de ‘stock’ de las pulseras y reuniones y formaciones sobre el servicio con las fuerzas y cuerpos de seguridad, los órganos judiciales y las unidades de violencia sobre la mujer.
El pasado viernes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha vuelto a asegurar que el problema “puntual” detectado por la Fiscalía General del Estado sobre los datos de Cometa «nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras», que no registraron ningún «fallo» y “siempre funcionaron”, sino con la migración de datos tras el cambio de empresas adjudicatarias.