La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha presentado este martes a los grupos políticos del Parlamento autonómico su Proposición de Ley para modificar la Ley de Cabildos Insulares, cuyo principal objetivo es blindar las competencias que les han sido transferidas o delegadas por el Gobierno regional. Ahora, la cámara iniciará el trámite de esta modificación.
Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta de la Fecai, explica que el objetivo de la nueva norma es adaptarla al Estatuto de Autonomía que fue aprobado en noviembre del 2018 y “reafirmar la autonomía” de las corporaciones insulares. "Que no nos pongan unas competencias, ya sean de carreteras o servicios sociales, que nos den la gestión, y que después nos las vengan a retirar", ha dicho.: "Los cabildos somos suficientemente mayores, tenemos suficiente autonomía para llevar las competencias, y que sean plenas".
Se trata de que las competencias que han sido transferidas o derivadas a los cabildos pues dispongan de ellas de forma “plena” y que no se tengan que “subrogar o suprimir” y que los cabildos no se encarguen solo de gestionarlas, según García, "que no nos ocupemos solo de la gestión y que nos dirijan desde el Gobierno de Canarias o desde fuera".
Propuesta conjunta
José Miguel Ruano, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, ha explicado que lo que se busca es "implantar la cultura de que los cabildos son también instituciones de la Comunidad Autónoma", y que la mayoría de las competencias que realizan son transferidas por el Gobierno de Canarias, y las otras son como entidad local. Sostiene que el régimen jurídico que se establece para competencias como medioambiente o carreteras "tiene que ser diferente al tratamiento que viene siendo habitual con la legislación de régimen local".
El texto ya fue abordado en la última conferencia de presidentes insulares celebrada el pasado 2 de julio en El Hierro y lo que pretende la Fecai es que sean los grupos parlamentarios quienes tomen la iniciativa legislativa, ya que es una propuesta conjunta de todas las corporaciones insulares.
La iniciativa pretende la adaptación de la Ley de Cabildos a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, sobre todo para las modificaciones jurídicas y orgánicas que están contempladas en el mismo.
Simplificación burocrática
Además de un blindaje de las competencias, los cabildos persiguen "una simplificación burocrática y normativa", para una mayor "agilidad a la hora de realizar cualquier trámite", ha enumerado Lola García, quien ha concretado que, por ejemplo, el procedimiento de transparencia se reduciría de 22 artículos a cuatro.
Adicionalmente, la proposición de ley hace mención a la cooperación interinsular en materia de personal, en aras de "una mejor cohesión territorial"; e incluye el cambio de denominación del Cabildo de Lanzarote, que pasaría a llamarse de Lanzarote y La Graciosa. El cálculo de la FECAI es que la modificación de la Ley de Cabildos esté lista para antes del próximo verano.