La documentación desclasificada del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 confirma que la conspiración militar no terminaba en el asalto al Congreso, sino que contemplaba una segunda fase operativa destinada a desarrollarse en los meses posteriores, con un papel asignado al entonces capitán general del Ejército de Tierra en Canarias, Jesús González del Yerro.
El documento manuscrito, fechado en noviembre de 1980 y ahora incorporado a los papeles oficiales desclasificados por el Gobierno, describe una planificación política y militar escalonada que extendía el horizonte del golpe más allá del 23F, proyectándolo hasta el verano de 1981. El papel pone en solfa el rol que la Historia adjudicó a González Yerro la noche del 23F, ya que lo sitúa como el primero en llamar al rey Juan Carlos I para ponerse a sus órdenes.
23F y control del Estado
La planificación incluía una fase inicial coincidente con el golpe del 23 de febrero: neutralización de comunicaciones, ocupación de centros estratégicos del Estado, detención de personalidades políticas y control de la información pública mediante comunicados radiofónicos sucesivos.
El esquema operativo detalla objetivos institucionales, itinerarios de patrullaje y despliegue de unidades, evidenciando una preparación militar minuciosa destinada a garantizar el control inmediato del país.
Operación entre el 23F y el 24J
Uno de los aspectos más reveladores aparece en la página 9 del documento, donde se señala la necesidad de activar otra operación militar posterior, considerada urgente por los autores del plan. El texto indica literalmente la puesta en marcha de una acción “de incalculables consecuencias” con González del Yerro a la cabeza —al figurar como candidato para sustituir a José Gabeiras como Jefe del Estado Mayor del Ejército—.
Según la planificación, esta fase debía ejecutarse en el periodo comprendido entre el 23F y el 24J de 1981, lo que evidencia que los conspiradores contemplaban una ventana temporal de varios meses para consolidar o reactivar la intervención militar si el primer intento no lograba sus objetivos políticos.
La inclusión de esta segunda operación demuestra que el golpe estaba diseñado como un proceso con capacidad de adaptación, preparado para evolucionar según la respuesta institucional y social tras el fracaso o bloqueo inicial.
Papel estratégico de Canarias
La asignación del mando a González del Yerro, entonces máxima autoridad militar del Ejército de Tierra en Canarias, sitúa al archipiélago dentro del esquema estratégico nacional previsto por los conspiradores.
En 1981, las Capitanías Generales constituían nodos esenciales del control territorial del Ejército, por lo que su participación resultaba decisiva para garantizar una eventual extensión del movimiento más allá de Madrid.
Aunque el documento no especifica operaciones concretas en las islas, sí deja constancia de que la estructura militar periférica debía servir como apoyo o relanzamiento del proceso golpista en una fase posterior.
Proceso prolongado
Lejos de plantear una acción aislada, el texto parte de una “panorámica de operaciones en marcha” donde se analizan distintas soluciones políticas —civiles, militares y mixtas— para sustituir al Gobierno mediante fórmulas que aparentaran legitimidad institucional.
Los conspiradores evaluaban escenarios ideológicos diversos y subrayaban factores clave como el respaldo militar, la aceptación social y el papel de la Corona. El documento refleja así que el objetivo era forzar una reordenación del sistema político mediante un proceso gradual, no únicamente mediante una intervención puntual.
Renuncia al marxismo
El documento desclasificado también detalla medidas políticas concretas que los conspiradores pretendían imponer una vez alcanzado el poder, incluyendo una intervención directa sobre el sistema de partidos. Entre los objetivos explícitos figura presionar al PSOE para que abandonara su carácter marxista, obligándolo a redefinirse ideológicamente dentro de un marco socialdemócrata compatible con el nuevo escenario político diseñado tras la intervención militar.
El texto plantea esta medida como parte del proceso de estabilización institucional posterior al golpe y como condición necesaria para reconducir el sistema político hacia posiciones consideradas aceptables por los promotores del plan, que incluso contempla la posibilidad de contar con un gobierno compuesto por PSOE y Alianza Popular —partido fundado por Fraga que luego dio paso al PP—.
Fraga y Martín Villa
La planificación política no se limitaba a la izquierda, sino que analizaba también el papel de dirigentes concretos del centro y la derecha. En el apartado dedicado a las opciones de “ideología mixta”, el documento señala expresamente a Rodolfo Martín Villa como uno de los posibles promotores de una solución política junto a Manuel Fraga y sectores vinculados a Alianza Popular. Esta alternativa buscaba articular una salida intermedia entre el poder civil y el respaldo militar, capaz de ofrecer cobertura política al proceso sin romper formalmente con las estructuras institucionales existentes.
El texto evalúa, sin embargo, la viabilidad limitada de esta opción, señalando las dificultades para consolidar un liderazgo político suficientemente sólido y para garantizar apoyos parlamentarios estables. La mención a Martín Villa evidencia que los conspiradores seguían con atención a figuras procedentes del reformismo del tardofranquismo y de la Transición, consideradas potenciales intermediarios entre el Ejército y el sistema político civil.
En conjunto, estas anotaciones muestran que el plan del 23F no solo buscaba el control militar del Estado, sino también una reingeniería ideológica del sistema político, que incluía redefinir al PSOE, reorganizar el espacio conservador y promover nuevas alianzas civiles bajo tutela militar indirecta, todo ello manteniendo una apariencia de continuidad institucional.
Amplía la dimensión del 23F
La desclasificación de este documento confirma que el 23F no fue concebido como un episodio aislado, sino como la primera etapa visible de una estrategia más amplia, con planes alternativos y continuidad temporal hasta mediados de 1981.
La previsión de una operación entre febrero y junio encabezada desde Canarias introduce un elemento hasta ahora poco conocido en la historiografía del golpe: la existencia de un calendario estratégico posterior al 23F, diseñado para mantener abierta la opción de intervención militar durante meses.
Los nuevos papeles refuerzan así la idea de que el intento de ruptura democrática fue más estructurado, territorial y prolongado de lo que durante décadas se había considerado.