La Policía Nacional hizo su trabajo: advirtió. Lo hizo el 31 de julio, cuando todavía resonaban las imágenes de miles de personas atravesando la frontera de Ceuta y Canarias disfrutaba de una tregua migratoria que el Gobierno de España exhibía como prueba del éxito de su política exterior. Los especialistas del Ministerio del Interior contemplaban que aquella sacudida en el norte de África pudiera tener consecuencias sobre la ruta atlántica hacia las Islas. Tres meses después, los cayucos vuelven a llegar por miles, El Hierro soporta una presión extraordinaria y el Gobierno de Fernando Clavijo acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de desidia y falta de coordinación. Entre la advertencia y el repunte hubo tiempo para preparar una respuesta. Lo que Madrid todavía debe explicar es qué hizo con ese tiempo.
La evolución de las llegadas permite comprender la magnitud del cambio. Entre enero y septiembre desembarcaron en Canarias 7.238 personas. Desde comienzos de octubre hasta el 5 de noviembre llegaron otras 8.143, según los registros difundidos esta semana. En apenas 36 días, el Archipiélago recibió más migrantes que durante los nueve primeros meses del año. El descenso que había caracterizado buena parte de 2026 quedó eclipsado por una aceleración que ha devuelto a La Restinga al centro de la emergencia. No es que las cifras anteriores fueran falsas. Es que la reducción de los flujos se interpretó con un optimismo que ahora parece prematuro.
La advertencia tampoco constituye una novedad. Atlántico Hoy publicó en septiembre el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) elaborado tras la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. El documento, remitido a la Audiencia Nacional, recogía las alertas policiales emitidas durante aquellos acontecimientos, incluida una comunicación específica a la Jefatura Superior de Policía de Canarias sobre el riesgo de incremento de las llegadas de embarcaciones irregulares. Aquella información ya estaba disponible cuando la ruta atlántica mantenía una actividad relativamente reducida. Hoy adquiere una relevancia distinta: permite examinar la capacidad de anticipación del Estado frente a una amenaza que sus propios especialistas habían identificado.
El aviso policial
La comunicación del 31 de julio merece una lectura precisa. El CENIF estableció una alerta de riesgo moderado sobre posibles llegadas desde Marruecos, con especial atención a las zonas de Agadir, Tan-Tan y El Aaiún. Los investigadores reconocían que no habían encontrado indicios suficientes para anunciar una llegada masiva inminente. Sin embargo, consideraban necesario advertir a Canarias de las posibles repercusiones de los acontecimientos registrados en Ceuta. La diferencia es importante: la Policía no estaba prediciendo una crisis con fecha y dimensiones conocidas, sino identificando un escenario que debía incorporarse a la planificación de los dispositivos de seguridad.
El informe que dio origen a aquella alerta describía la entrada masiva en Ceuta como un episodio de una complejidad extraordinaria. Los investigadores analizaban la movilización a través de las redes sociales, la organización de los desplazamientos y la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, a las que atribuían una permisividad especialmente significativa. También contemplaban que las consecuencias de lo ocurrido pudieran extenderse más allá de la frontera del Tarajal. El documento introducía así una cuestión que España conoce bien: las rutas migratorias no son compartimentos estancos y los movimientos de personas pueden cambiar cuando se alteran las condiciones de vigilancia, las oportunidades de salida o las decisiones de los países de tránsito.
No existe, al menos con la información conocida, una prueba de que el repunte actual en Canarias sea consecuencia directa del asalto a Ceuta. Las embarcaciones que alcanzan el Archipiélago parten de distintos puntos de África occidental y responden a dinámicas que no pueden reducirse a un único acontecimiento. Pero esa cautela no disminuye la trascendencia de la advertencia. La inteligencia policial trabaja con probabilidades precisamente porque los riesgos rara vez ofrecen certezas. La obligación de los responsables políticos no consiste en adivinar el futuro, sino en prepararse para aquellos escenarios que sus propios servicios consideran plausibles.
El tiempo perdido
Ahí comienza el problema del Gobierno de España. Interior dispone de las competencias sobre fronteras, vigilancia policial y cooperación con los países africanos. El Estado dirige los principales dispositivos de recepción y tiene capacidad para movilizar recursos extraordinarios cuando la presión migratoria aumenta. Si el 31 de julio recibió una alerta sobre Canarias, resulta legítimo preguntar qué decisiones adoptó durante agosto, septiembre y octubre para afrontar una eventual reactivación de la ruta. No es una exigencia retrospectiva construida después de conocer las cifras. Es la consecuencia natural de disponer de información preventiva.
La reducción de las llegadas durante buena parte del año fue un resultado real de una política de cooperación internacional que merece ser reconocido. España ha mantenido actuaciones con Marruecos, Mauritania y Senegal, ha contribuido a reforzar la vigilancia marítima y ha desarrollado mecanismos de traslado de migrantes hacia otros territorios. Pero el éxito de una estrategia no puede medirse únicamente cuando las estadísticas son favorables. La verdadera prueba aparece cuando las circunstancias cambian. Y el incremento registrado desde octubre ha puesto de manifiesto que la contención de las salidas no garantiza, por sí sola, una respuesta suficiente cuando miles de personas consiguen alcanzar las costas canarias.
Madrid no tiene la capacidad de impedir todas las travesías ni puede controlar las decisiones que se adoptan en los países africanos. Tampoco sería riguroso atribuirle automáticamente una inacción absoluta. Pero la existencia de actuaciones en origen no responde a la pregunta de si se prepararon adecuadamente los dispositivos de recepción. ¿Qué refuerzos estaban previstos para El Hierro? ¿Qué capacidad extraordinaria podía activarse ante una concentración de desembarcos? ¿Qué información se trasladó al Gobierno autonómico? ¿Qué calendario de coordinación se estableció? La respuesta del Estado debería estar en los planes, las fechas y los medios movilizados, no únicamente en un inventario de operaciones anteriores.
El cabreo canario
El Gobierno de Fernando Clavijo lleva semanas denunciando precisamente esa ausencia de anticipación. El 25 de octubre, cuando el repunte ya resultaba evidente, el presidente autonómico remitió una carta a Pedro Sánchez para reclamar un plan extraordinario de contingencia, la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad Canarias-Estado y refuerzos en los dispositivos de vigilancia, rescate y atención. Su petición incluía una pregunta especialmente incómoda: qué recursos adicionales había movilizado el Estado ante las advertencias que apuntaban a un incremento de las legadas. No reclamaba solamente ayuda para gestionar la emergencia del momento. Exigía saber qué preparación existía para afrontar su evolución.
El portavoz autonómico, Alfonso Cabello, fue todavía más explícito al denunciar silencio y descoordinación por parte de Madrid. El Ejecutivo canario sostiene que el Estado disponía desde julio de información relevante sobre una posible reactivación migratoria y que no la compartió adecuadamente con las autoridades de las islas. Son acusaciones graves que merecen una respuesta concreta. Si los canales de comunicación funcionaron, el Gobierno central debería poder acreditarlo. Si no lo hicieron, habría que explicar por qué una advertencia policial sobre Canarias no se tradujo en una coordinación preventiva con la comunidad que iba a soportar las consecuencias.
La contestación de Sánchez no contribuyó a rebajar la tensión. Clavijo la calificó de “decepcionante” porque, según explicó, se limitaba a enumerar actuaciones realizadas sin ofrecer una respuesta suficiente a su petición de planificación conjunta. En esa diferencia de enfoque se encuentra una parte sustancial del conflicto. Moncloa defiende lo que ha hecho para contener la inmigración irregular; Canarias reclama saber qué se va a hacer ante una ruta que ha recuperado una intensidad extraordinaria. Ambas cuestiones son importantes, pero no son intercambiables. Un balance favorable de los meses anteriores no resuelve las necesidades de una isla que recibe varios cayucos en una misma jornada.
La Restinga espera
El Hierro vuelve a pagar las consecuencias de esa distancia entre administraciones. Durante octubre recibió más de 4.000 migrantes, una cifra equivalente a una proporción considerable de sus aproximadamente 11.000 habitantes. No significa que todas esas personas permanezcan en la isla, pero sí que cada desembarco exige una intervención inmediata de los equipos de rescate, los servicios sanitarios, las fuerzas de seguridad y las organizaciones humanitarias. El tamaño del territorio multiplica el impacto de cualquier concentración de llegadas. Lo que en otro lugar podría absorberse mediante una ampliación relativamente sencilla de recursos, en El Hierro exige una operación logística de considerable complejidad.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha defendido las derivaciones hacia la Península y otros territorios como parte de la respuesta estatal. Son necesarias para evitar la saturación de los dispositivos insulares, pero no eliminan la presión inicial. Los migrantes deben ser rescatados, atendidos, identificados y trasladados. Cada una de esas operaciones necesita personal, instalaciones y coordinación. Cuando las embarcaciones se suceden, los márgenes de reacción se reducen. Por eso resulta insuficiente medir la eficacia del dispositivo únicamente por el número de personas que consigue trasladar después de su llegada.
El Ejecutivo de Clavijo también tiene responsabilidades en esta cadena de atención. Canarias gestiona servicios sanitarios y asistenciales que deben estar preparados para responder a situaciones extraordinarias, además de asumir la protección de los menores extranjeros no acompañados. Pero la distribución de competencias no permite diluir la responsabilidad principal del Estado en el control fronterizo y la gestión de las llegadas. La cooperación entre ambas administraciones debería estar consolidada después de las crisis de 2023 y 2024. Que todavía sea necesario reclamar reuniones urgentes y planes extraordinarios cuando la presión vuelve a crecer revela, como mínimo, una fragilidad institucional que España no ha conseguido resolver.
La frontera exterior
El escenario africano añade otra dificultad. Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia desempeñan papeles decisivos en la evolución de la ruta atlántica. Las organizaciones dedicadas al tráfico de personas adaptan sus itinerarios a los controles, las condiciones de navegación y las oportunidades que encuentran. España necesita la colaboración de esos países para reducir las salidas, pero esa dependencia también limita su capacidad de anticipar con exactitud cuándo y dónde volverá a aumentar la presión.
El informe policial sobre Ceuta ya había mostrado hasta qué punto las decisiones adoptadas al otro lado de la frontera pueden condicionar la seguridad española. Los investigadores describieron una actuación permisiva de agentes marroquíes durante los acontecimientos de julio. Aquella valoración no permite atribuir a Rabat la responsabilidad de los desembarcos actuales en Canarias, pero recuerda que la política migratoria española descansa parcialmente sobre acuerdos y equilibrios diplomáticos que pueden cambiar. Precisamente por eso, el dispositivo interior no debería depender de que la cooperación exterior funcione siempre con la misma eficacia.
El reciente refuerzo de los contactos de Grande-Marlaska con Senegal y el anuncio de una aportación de 500.000 euros para mejorar sus medios de vigilancia marítima responden a esa necesidad de actuar en origen. Son medidas pertinentes, aunque no sustituyen la planificación de la recepción. España necesita contener las salidas y, al mismo tiempo, estar preparada para atender las embarcaciones que no consiga detener. Convertir una de esas dos tareas en argumento para justificar las carencias de la otra conduce a una política que funciona razonablemente cuando disminuyen las llegadas, pero vuelve a sufrir cuando la ruta se reactiva.
La cronología es suficientemente elocuente. En julio, la Policía Nacional identificó un riesgo para Canarias. En septiembre, Atlántico Hoy publicó el informe que recogía aquella advertencia. En octubre, las llegadas comenzaron a dispararse. En noviembre, El Hierro vuelve a soportar una presión extraordinaria y los gobiernos de España y Canarias discuten sobre la información compartida, los recursos disponibles y la necesidad de un plan de contingencia. El informe no demuestra que Madrid pudiera evitar la crisis, pero sí establece que existía un margen para prepararse ante la posibilidad de que se produjera.
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