Canarias figura en el mapa de expansión de Núcleo Nacional. La Policía Nacional da por acreditada la existencia de una predelegación de la organización neonazi en el Archipiélago e identifica a su máxima responsable en un atestado al que ha tenido acceso Atlántico Hoy. La referencia aparece dentro de la reconstrucción de una estructura territorial con delegaciones, equipos de organización y seguridad y una dirección central que, según los investigadores, fija las instrucciones del conjunto.
La mención a las Islas tiene un antecedente concreto: una conversación telefónica del 24 de abril de 2026 en la que uno de los dirigentes habla de Canarias entre los territorios donde la organización se encuentra en proceso de constituirse. Meses después, el documento policial incorpora un apartado propio bajo el epígrafe PRE-DELEGACIÓN DE CANARIAS y señala que su existencia “ha sido acreditada en diferentes llamadas telefónicas”.
El hallazgo sitúa al Archipiélago en una investigación cuyo alcance rebasa la propaganda extremista. El País ha desvelado este martes que miembros de Núcleo Nacional viajaron a Ucrania en agosto para recibir formación paramilitar y que las conversaciones intervenidas recogen referencias a preparar un “alzamiento armado”. Según la información del diario, el propósito era que los desplazados transmitieran después los conocimientos adquiridos a militantes de la organización en España.
Responsable identificada
El atestado, instruido en Burgos y fechado el 6 de noviembre, identifica a una mujer, M. A. G. B., como máxima responsable de la predelegación canaria. Los investigadores introducen inmediatamente una salvedad: todavía no habían podido determinar quiénes eran los delegados de sus equipos de organización y seguridad. Tampoco habían localizado un perfil de esa estructura territorial en Instagram.
El apartado no ofrece una cifra de afiliados, no sitúa una sede ni concreta en qué isla se concentra esa implantación. Sí permite establecer que la Policía considera acreditada la predelegación mediante conversaciones telefónicas. La ausencia de una cuenta localizada en redes sociales convive, por tanto, con la identificación de una responsable y con las referencias internas a su constitución.
La documentación examinada no atribuye a esa responsable ni a integrantes de la predelegación canaria los desplazamientos a Ucrania, la recepción de instrucción militar o la preparación de acciones violentas. La conexión acreditada es organizativa: Canarias aparece dentro del despliegue territorial de Núcleo Nacional. Las sospechas sobre los objetivos y métodos del grupo forman parte de la investigación general y deben distinguirse de los hechos concretamente vinculados a las islas.
Canarias, desde abril
La conversación del 24 de abril aporta una secuencia al proyecto canario. Según el resumen policial, el responsable de organización explica a su interlocutor cómo se abren delegaciones por España y enumera varios territorios donde están en proceso de constituirse: Baleares, Canarias, Málaga y Sevilla. Añade que quizá puedan abrir ese mismo año. El Archipiélago ya formaba parte de los planes de crecimiento de la organización en primavera.
La Policía reconstruye esa expansión mediante intervenciones telefónicas, vigilancias, seguimientos y análisis de fuentes abiertas. El documento describe una dirección central situada en la Comunidad de Madrid, dividida en siete departamentos, y una red descentralizada de delegaciones y predelegaciones. En su relación territorial incluye siete delegaciones y, al menos, doce predelegaciones, entre ellas la canaria; otros pasajes elevan estas últimas a trece.
La distinción entre ambas categorías importa: el propio atestado presenta Canarias como una predelegación y recoge conversaciones sobre su proceso de constitución. No la describe con el grado de desarrollo que documenta en otros territorios, donde identifica locales, cifras de afiliados y distintos responsables. La existencia del proyecto canario está acreditada para los investigadores; su dimensión efectiva queda mucho menos definida en el texto.
Una cadena de mando
El esquema policial dibuja una organización jerarquizada. Las estructuras territoriales cuentan, según las conversaciones analizadas, con equipos de organización y seguridad. Por encima actúa un órgano al que sus integrantes llaman “la cúpula”, encargado de adoptar decisiones y establecer directrices. Los investigadores localizan también un grupo de WhatsApp denominado COORDINACIÓN DE DELEGADOS, presuntamente utilizado para trasladar esas decisiones a los responsables territoriales.
El funcionamiento incluye un departamento de afiliaciones que informa a quienes quieren incorporarse, registra las altas y facilita el acceso a los grupos de mensajería nacionales y territoriales. Esa descripción permite entender el lugar asignado a las predelegaciones: forman parte de una red con procedimientos de incorporación y coordinación. El atestado no precisa, sin embargo, qué participación concreta tuvo la responsable canaria en esos canales.
En el capítulo internacional, el documento consultado por Atlántico Hoy califica de “especialmente preocupante” la relación con las brigadas Azov ucranianas. La Policía sostiene que ha acreditado desplazamientos de investigados a ese país en guerra para recibir formación militar, presuntamente destinada a ser transmitida a otros militantes en España. A partir de esos contactos, los investigadores infieren además un posible acceso de la asociación a armas de guerra.
El salto a las armas
El atestado recoge una conversación del 12 de agosto en la que uno de los interlocutores afirma que “sin formación no va a funcionar ningún alzamiento”. Los investigadores relacionan esa frase con el interés de miembros de la dirección por acceder a armas de fuego y con la instrucción recibida en Ucrania. En otro apartado, documentan las gestiones para comprobar un viaje realizado el 22 de agosto y contrastarlo después con publicaciones en redes sociales.
La investigación aborda asimismo la captación de menores y su presunto adoctrinamiento. La Policía describe el uso de grupos de WhatsApp para controlar incorporaciones, contenidos y actuaciones, y vincula esas prácticas con White Boys, un grupo juvenil investigado en Asturias. Son elementos del contexto nacional de la causa: el documento no los sitúa en la predelegación de Canarias.
La operación del 6 de noviembre se saldó con 14 detenciones y diez registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. Canarias no figura en esa relación de actuaciones. La causa investiga presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
El domingo 8, el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón dejó en libertad a los diez detenidos que comparecieron ante la jueza, con retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales. La investigación continúa y las atribuciones policiales están pendientes de su valoración judicial.
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