El Partido Popular (PP) en el Senado denuncia en un comunicado que la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Navegación Aérea, el pasado 17 de septiembre, supone un “grave perjuicio” para la conectividad de Canarias y un golpe a la cohesión territorial y a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos del Archipiélago.
El grupo ha registrado en la Cámara Alta un requerimiento al Congreso y al Gobierno para que rectifiquen el rechazo de la enmienda para aumentar a 1.200 millones de euros la partida destinada a compensar a las aerolíneas por la aplicación del descuento a los residentes, que introdujo la Cámara Alta a la reforma de la ley, porque, afirman, tendría que haberse llevado al Pleno.
La propuesta, que contaba con el respaldo de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), fue finalmente rechazada en la Cámara Baja, que mantuvo el límite en 319 millones de euros, la cifra planteada inicialmente por el Ejecutivo. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, decidió vetar esa enmienda del Grupo Popular en el Senado.
Dos modificaciones quedan fuera
La ley se aprueba finalmente con algunas variaciones sobre el texto redactado por la Cámara Baja, al mantenerse cuatro de las seis enmiendas introducidas por el PP con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. De este modo, quedan fuera las dos modificaciones que suponían un impacto económico para las cuentas del Estado: 1.200 millones de euros adicionales para Transportes y una deducción cuyo impacto el Gobierno estimó en más de 600 millones de euros.
Para el PP, esta reducción podría derivar en un encarecimiento de los billetes, una disminución de la oferta de plazas y, en última instancia, una limitación de la movilidad de los canarios tanto en las conexiones con la Península como en los vuelos interinsulares.
Requerimiento al Congreso
El grupo popular ha registrado en el Senado un requerimiento al Congreso y al Gobierno para que rectifiquen el rechazo de la Mesa de la Cámara Baja a la enmienda introducida por la Cámara Alta, que, según el partido, “tendría que haberse llevado al Pleno”.
El PP del Senado informó este lunes de que la aprobación de este requerimiento se someterá a la sesión plenaria de esta semana. A partir de ahí se abrirá un mes de plazo previo a la posible presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido esta legislatura en un caso similar por el rechazo de la Mesa del Congreso a enmiendas del Senado a la ley de prevención del desperdicio alimentario.
El PP también dirige el requerimiento al Gobierno porque, según su portavoz, Alicia García, ha sido “el Gobierno, con la complicidad de la mayoría de la Mesa”, el que “mutila” el texto, lo que supone “un nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado”.