El Gobierno de Canarias contará en 2026 con un presupuesto de 12.491 millones de euros, lo que supone 813 millones más que el ejercicio anterior y un incremento del 7 %, con un marcado enfoque en reforzar los servicios públicos esenciales.
Así lo anunció este lunes el presidente autonómico, Fernando Clavijo, tras reunirse con los representantes del Consejo Asesor, integrado por organizaciones empresariales y sindicales.
Sin presupuestos del Estado
“Ha sido difícil elaborar los presupuestos por tercer año consecutivo”, reconoció Clavijo, aludiendo a la incertidumbre normativa derivada de la ausencia de criterios claros sobre el margen de déficit o superávit permitido por el Estado. “No sabemos si tenemos un 1 % de superávit o un 1 % de déficit aprobado”, añadió.
Ante la falta de una senda de gasto definida por el Gobierno central, el Ejecutivo canario ha optado por unas cuentas “prudentes”, centradas en mantener la estabilidad y evitar cambios de rumbo a mitad de ejercicio, priorizando áreas como sanidad, educación y servicios sociales.
Incremento en servicios esenciales
Todas las partidas experimentan un crecimiento, especialmente las vinculadas al bienestar social y la educación. Clavijo recordó que el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con los cabildos para actualizar la financiación de la dependencia al coste real de los servicios.
Durante su encuentro con los agentes sociales y los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en el Consejo de Capitalidad, el presidente subrayó que el presupuesto “apuesta por las personas”, reforzando las políticas que garantizan la sostenibilidad del sistema de bienestar.
Asimismo, destacó que Canarias cumple por tercer año consecutivo con la obligación constitucional de presentar sus cuentas en tiempo y forma, a pesar de que el Estado mantiene prorrogado su presupuesto de 2023.
Incertidumbre fiscal
Clavijo recordó que el Gobierno de España no ha aprobado aún los objetivos de estabilidad presupuestaria ni ha comunicado la tasa de referencia para 2026, lo que ha dificultado la planificación económica. Tampoco se ha traspuesto a la normativa española el nuevo marco fiscal europeo, en vigor desde abril de 2024, que permitiría flexibilizar la regla del gasto.
En este contexto, el anteproyecto de ley —que será aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno— prevé que la deuda pública se mantenga en el 10,4 % del PIB, muy por debajo del límite estatal del 13 % para las comunidades autónomas.
Cambios fiscales
El presupuesto incluye modificaciones tributarias en el IRPF, el IGIC y otros impuestos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de las familias y fomentar la inversión.
Entre las medidas más destacadas se encuentran mejoras en las deducciones para la adquisición de vivienda habitual; extensión de las rebajas del IGIC y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ampliando los límites de edad, renta y precio de compra, así como la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF, en función de la evolución del IPC.
También se incluyen la nueva deducción por inversión en empresas de nueva creación; gravamen progresivo a las bebidas energéticas y refrescantes según su contenido en azúcares; tipo 0 % de IGIC para biocarburantes de aceite vegetal hidrogenado y camas hospitalarias; eliminación del AIEM sobre combustibles y creación de un tipo específico del 1 % en el IGIC para la entrega e importación de combustible, y, por último, el ajuste en los impuestos al tabaco, para reducir el diferencial con el resto de España y la UE.
Previsiones económicas
El Gobierno canario prevé que el PIB del archipiélago crezca un 1,9 % en 2026, en línea con una ralentización económica generalizada, lo que también moderará el aumento de la recaudación fiscal.
Pese a ello, se estima un descenso del paro hasta el 12,8 %, junto con una inflación controlada del 2,1 %.