La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife celebrará el 22 de enero el primer juicio relacionado con el caso Mediador, la presunta trama de corrupción integrada por políticos, intermediarios y empresarios. Esta primera pieza se centra en los sobornos vinculados a contratos públicos para instalar placas fotovoltaicas en Canarias.

Comparecerán ante un Jurado el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario que da nombre a la causa, Marco Antonio Navarro Tacoronte. La Fiscalía solicita para cada uno un año de prisión por un delito de cohecho.

Pagos para “agilizar” proyectos fotovoltaicos

Según el Ministerio Público, esta pieza investiga el presunto pago de sobornos por parte del empresario Bautista para acelerar la tramitación de proyectos vinculados a adjudicaciones de energía fotovoltaica en el archipiélago.

El relato fiscal sitúa el origen en agosto de 2020, cuando Bautista mostró a Navarro Tacoronte —el “mediador”, que se presentaba como persona con contactos en el Gobierno autonómico— su interés por comercializar productos y adjudicarse contratos en Canarias.

A partir de ahí, siempre según Fiscalía, el intermediario comenzó a recibir dinero en efectivo o mediante ingresos en cuentas de su pareja y de su hija a cambio de mover estas gestiones.

Visitas al Congreso y pagos “para comisiones y servicios”

Para reforzar su credibilidad, Navarro Tacoronte llegó a organizar visitas al Congreso de los Diputados, donde el empresario fue recibido por el entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como “Tito Berni”, quien dimitió tras estallar el caso.

Al empresario se le reclamó el pago de 25.000 euros destinados, según Fiscalía, a “comisiones, comidas y servicios de prostitución”. Además, abonó 10.000 euros a una cuenta vinculada a una asociación deportiva dirigida por Fuentes Curbelo.

El Ministerio Público detalla que el empresario llegó a presentar cuatro presupuestos para instalaciones fotovoltaicas destinados a ganaderos de Fuerteventura y que, en total, abonó 17.000 euros en sobornos al resto de procesados en diferentes entregas.

Con este juicio, la Audiencia Provincial abre las vistas de una causa dividida en varias piezas que investigan distintos episodios de presunta corrupción política y empresarial en Canarias.