Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han pedido este jueves de forma unánime el cese o dimisión de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, tras meses quejándose de la situación del área.
En un comunicado conjunto, los representantes de los trabajadores han informado de que, tras "analizar las actuaciones" de Ramírez en ambos servicios y "valorar las repercusiones que las mismas han ocasionado y que se han visto reflejado en los datos del mes de febrero de IMSERSO, recogidas las manifestaciones de situación de estrés y presión que refieren los trabajadores y que están dando lugar a un elevado número de bajas laborales", solicitan "por decisión unánime de todas las organizaciones integrantes de ambos comités de empresa" el cese inmediato la directora general.
Proponen dos comisiones de trabajo
Los representantes de los trabajadores han aludido a la "incompetencia demostrada para trabajar en coordinación con los trabajadores, acatar y transmitir las órdenes superiores así como evaluar las acciones llevadas a cabo, con el fin de revertir el caos actual que se ha producido en la Dirección General de Dependencia".
Además, han propuesto la creación de dos comisiones de trabajo, una en cada provincia, para, una vez analizada la situación en todas las áreas del servicio, "proponer los cambios que se entiendan necesarios para poder avanzar y crear el menor perjucio posible a la ciudadanía, todo ello desde el máximo respeto de los derechos de los trabajadores".
Una queja ante el Diputado del Común
El pasado 26 de febrero, un grupo de valoradoras de la Dependencia de Tenerife, acompañadas por la representante del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social Yolanda Cívicos, acudieron a la Diputación del Común para trasladarle a Rafael Yanes sus quejas sobre el funcionamiento de este área de gobierno después de haber intentado "infructuosamente" dialogar con Concepción Ramírez.
La queja que presentaron entonces ante el Diputado del Común era que se estaba incorporando al servicio de Dependencia mucha gente nueva a la que no se le había dado la formación adecuada. Otro problema era el "cambio de aplicativo" con el que se gestionan los expedientes. Yolanda Cívicos destacó que no se había realizado correctamente la migración de expedientes y se estaban solapando el aplicativo antiguo y el nuevo, lo que estaba ralentizando la situación de valoración de condiciones de dependencia.
Por otro lado, denunciaron el aumento las ratios que tienen que cumplir, produciendo una dilatación en el servicio de valoración que desembocaba en el incumplimiento los protocolos sobre los plazos que se tienen que cumplir.
Entonces, Rafael Yanes apuntó que la Dependencia es el área que mayor número de quejas produce en la Diputación del Común porque Canarias tiene "unos datos muy malos en relación al resto de Comunidades Autónomas y se incumple reiteradamente la legislación". Yanes aseguró que esto ha sido así durante los cinco años que lleva al frente de la Diputación a pesar de las reiteradas insistencias al Gobierno de Canarias para que cumpla la legislación.