El secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha emitido un nuevo informe en el que rechaza por segunda vez considerar a los concejales de Municipalistas Primero Canarias como no adscritos y tratarlos como tránsfugas, una petición de Nueva Canarias (NC) que considera "un intento de represalia por discrepancias políticas legítimas".

El informe concluye que no se puede limitar el derecho a la participación política de los concejales municipalistas y que los argumentos expuestos por NC, al denominarlos tránsfugas, no se ajustan a derecho, según ha informado Municipalistas Primero Canarias este domingo en un comunicado.

Representación ciudadana

El secretario ha insistido en que la figura de no adscrito "no puede ser utilizada por ningún partido como sanción ni como mecanismo de presión ante discrepancias políticas internas".

También ha recordado que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la permanencia del concejal en el cargo "no depende de la voluntad del partido político" que presentó su candidatura, que además en este caso se trató de una coalición electoral, porque "como electo el concejal representa directamente a los ciudadanos y de ellos depende su futuro en el cargo para el que fue democráticamente elegido por sufragio universal".

Titularidad del cargo público

"Son los representantes, en este caso los concejales y no las formaciones políticas o electorales en cuyas listas son elegidos, quienes ostentan la exclusiva titularidad del cargo público y quienes, en consecuencia, integran el Ayuntamiento", señala el secretario.

Las alegaciones presentadas por los concejales de Primero Canarias defendían que su baja en las filas de NC no ha supuesto su abandono de la coalición electoral NC-FAC con la que concurrieron a las elecciones, motivo por el que, reitera la formación, no concurre el supuesto legal para su consideración como miembros no adscritos.

"Un ataque político"

Además, argumentan que la expulsión de la coalición electoral "carece de validez legal y no puede producir efectos jurídicos externos en la administración pública, al vulnerar las mínimas garantías democráticas y estatutarias" y califican la petición de NC como "un ataque político".

El informe municipal propone al Pleno del Ayuntamiento "defender y respetar los derechos políticos de estos concejales frente a las represalias pretendidas por NC como consecuencia de discrepancias políticas legítimas", señala el comunicado.