El Parlamento de Canarias acogió este jueves la Comisión General de Cabildos donde se trató la modificación de Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y disposiciones, donde algunos grupos políticos comentaron sus discrepancias ante el silencio administrativo en cuanto a la legalización de las explotaciones ganaderas.
En este sentido, representantes de los Cabildos así como de formaciones políticas pidieron que en el silencio administrativo -que es cuando una institución no da respuesta a una petición en tiempo y forma- por parte del Cabildo, el informe sea 'negativo' en vez de 'no favorable', ya que en la aprobación final por parte del Gobierno ''si se establece como negativo ''. En este sentido también demandan ''falta de igualdad'' entre las instituciones, ya que los plazos para considerarlo silencio administrativo varían según el organismo.
Por su parte, las principales asociaciones del sector como UPA Canarias (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) consideran que la puesta en marcha de esta legislación territorial de las explotaciones ganaderas es ''lo mejor que se ha hecho en la última década''. Su secretario, Jorge Pelayo, explica a Atlántico Hoy que el texto está ''muy trabajado y adecuado para el sector ganadero''.
¿Qué modificaciones ha tenido la Ley?
Entre las modificaciones para legalizar las explotaciones ganaderas, se subraya que para llevarlas a cabo se solicitan unos informes y un proyecto técnico de legalización, que se tendrán que emitir en un plazo de dos meses. Estos informes deben ser del Cabildo, del ayuntamiento del municipio, así como del consejo insular de aguas -si la explotación está en un suelo de protección hidrológica-. También tendrá que haber un informe del departamento que posea competencia en materia de ordenación territorial, y tener especial cuidado en la gestión si se encuentra en un espacio protegido.
En este sentido, si no se han recibido estos informes del Cabildo y del departamento de ordenación territorial en dos meses se procederá a requerir con un plazo nuevo de diez días. Si no hay respuesta, según explica el texto ''se entenderán como emitidos en sentido favorable a no ser que la explotación esté en un espacio natural, que si serán desfavorables''.
Tras esto, la Dirección General competente en materia de ganadería tendrá que dictar una resolución, ya sea desestimar la solicitud para legalizar la explotación o legalizar la misma quedando condicionada a la aprobación por parte del Gobierno de Canarias. En este sentido, sí que habrá un plazo de seis meses. Esto ha generado controversia entre los Cabildos ya que consideran que ‘’no hay una igualdad de tiempo’’.
Falta de consulta
La queja más evidentes de los cabildos en esta Comisión General fue unámime: ''no se nos consultó antes de aprobar este decreto ley''. En este sentido, los representantes de los cabildos, a excepción de El Hierro por su ausencia, consideran que a pesar de ser de su competencia no se les dio audencia antes de aprobar el decreto sobre el planeamiento en el caso de las explotaciones ganaderas y espacios naturales.
Gustavo Matos señaló que el Parlamento ''es estricto en el cumplimiento del reglamento y por tanto antes de la aprobación de cualquier norma que afecte a las competencias de las corporaciones insulares se convoca a los cabildos para conocer su parecer''. Por otro lado el viceconsejero de Transición Ecológica, Leopoldo Díaz Betancort, resaltó que ''posiblemente ha habido deficiencias en la audiencias a los cabildos y tomamos nota para que no ocurra en sucesivas ocasiones".