La sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por su participación en la trama de contratos públicos durante la pandemia deja una referencia directa a Canarias. No porque los contratos del Servicio Canario de Salud (SCS) hayan sido juzgados en este procedimiento, sino porque forman parte del volumen de negocio que la Sala analiza para reconstruir los beneficios económicos obtenidos por las empresas vinculadas al entramado.
En uno de los apartados dedicados a examinar los ingresos percibidos por las sociedades relacionadas con Víctor de Aldama, el Supremo detalla que las cantidades manejadas por las mercantiles MTM 180 Capital y Deluxe Fortune procedían de distintos suministros de mascarillas realizados durante los primeros meses de la emergencia sanitaria. Entre ellos aparecen expresamente los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud los días 22 de abril y 4 de mayo de 2020.
Otra pieza judicial
La Sala realiza, sin embargo, una precisión relevante. Los magistrados subrayan que esos contratos canarios no forman parte del objeto de acusación ni de la condena dictada en esta causa, sino que están siendo examinados en una investigación independiente.
El Supremo explica que la cifra global de ingresos analizada en la sentencia incluye adjudicaciones de varios organismos públicos, entre ellos Puertos del Estado, ADIF, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Baleares. No obstante, aclara que los contratos firmados con el SCS y con la administración balear continúan su recorrido procesal fuera de esta pieza judicial.
Análisis económico de la trama
La referencia tiene relevancia porque el Supremo utiliza esos datos para contextualizar la dimensión económica alcanzada por Soluciones de Gestión, la empresa que suministró material sanitario a distintas administraciones durante los momentos más críticos de la pandemia.
Según recoge la resolución, el análisis de las cuentas bancarias, la documentación tributaria y los contratos examinados permitió a los investigadores reconstruir los movimientos económicos vinculados a las operaciones de suministro de mascarillas. Dentro de ese conjunto de contratos figuran las adjudicaciones realizadas por el Servicio Canario de Salud, aunque la Sala evita pronunciarse sobre su legalidad o sobre las posibles responsabilidades derivadas de las mismas al no formar parte de la causa juzgada.
La mención sitúa a Canarias dentro del contexto general de la trama que ha terminado con la condena de Ábalos y Koldo García, pero deja claro que cualquier conclusión judicial sobre los contratos gestionados por el SCS deberá llegar, en su caso, a través de los procedimientos específicos que continúan abiertos.
Investigación paralela
La sentencia delimita cuidadosamente el alcance de los hechos que han sido objeto de enjuiciamiento. El núcleo de la condena se centra en las actuaciones relacionadas con adjudicaciones y decisiones adoptadas desde el entorno del Ministerio de Transportes y organismos dependientes del mismo, mientras que otras contrataciones públicas aparecidas durante la instrucción quedaron desgajadas en piezas separadas para su análisis individualizado.
En ese grupo de investigaciones diferenciadas se encuentran precisamente los contratos de mascarillas adjudicados por el Servicio Canario de Salud durante la crisis sanitaria, que el Supremo menciona expresamente al describir el flujo de ingresos generado por las empresas vinculadas a Víctor de Aldama.
De este modo, la resolución incorpora a Canarias en el relato económico de la trama, aunque deja fuera del fallo cualquier valoración sobre la actuación del Servicio Canario de Salud o sobre la legalidad de las adjudicaciones realizadas por el organismo autonómico.