El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que está “deseando que salga” el informe que la UCO está elaborando sobre él porque asegura que “no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación” que esté “fuera de la legalidad”. Torres ha compracido este lunes en el Parlamento de Canarias en el marco de la comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas en la compra de material sanitario durante la pandemia.
A lo largo de la comparecencia Torres ha defendido su actuación durante la pandemia y ha garantizado que no se van a encontrar actos de corrupción en el informe que está elaborando la Unidad Central Operativa “ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo”. Unas palabras que ha pronunciado en relación a las acusaciones del empresario Víctor de Aldama.
La no participación
Esta ha sido la última comisión parlamentaria centrada en los contratos hechos durante la pandemia, especialmente los contratos de la empresas RR7 y Soluciones de Gestión. También ha sido la quinta comisión de investigación por los contratos sanitarios en la que ha dado cuenta el ahora ministro y que se ratifica en la responsabilidad de dos personas: Ana María Pérez y Conrado Domínguez.
A lo largo de la comparecencia, los grupos políticos de Vox, PP y Coalición Canaria preguntaron sobre las responsabilidades en los contratos que se investigan, especialmente en la participación del empresario Koldo García y del exministro José Luis Ábalos a la hora de contratar a la empresa Soluciones de Gestión, que recibió un contrato de 12 millones de euros.
La gestión del contrato
Torres defendio que la empresa suministró en cuestión de días dos millones de mascarillas en lo peor de la pandemia y justificó su contratación porque ya había servido material sanitario a Puertos del Estado. Sin embargo, no dio el nombre de quién había dado las referencias de la empresa al entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera.
Sí que confirmó que tuvo conversaciones con Koldo García, quien se interesaba por los pagos pendientes a esta empresa por parte del SCS, puesto que había retrasos en su liquidación. Sobre este asunto puso a cargo Olivera, quien era director del SCS cuando se formalizó el contrato pero que entonces ya era viceconsejero de Presidencia.
Preguntado sobre las declaraciones del empresario Victor de Aldama en las que aseguraba que había pedido 50.000 euros a Torres por gestionar un contrato con esta empresa, Torres ha respondido que “yo jamás en mi vida he pedido un euro para nada en mi actividad pública. Desprecio la corrupción”. Asimismo, ha negado haber estado relacionado con Aldama.
Caso en investigación
El ministro también negó que otra persona presionara para la contratación de RR7 y defendió que el criterio para llevar a cabo las contrataciones hechas durante la pandemia correspondieron al criterio de los técnicos del Servicio Canario de Salud.
Torres aseguró que se enteró del caso de que se habían pagado 4 millones por unas mascarillas que nunca llegaron por el diario Canarias 7. También apuntó que el caso está siendo investigado por la justicia, que es la que tiene que determinar si hubo irregularidades, y defendió que el que haya hecho algo "lo termine pagando", aunque también subrayó que hay que respetar la presunción de inocencia.