A Nueva Canarias (NC) se le han despertado fantasmas —no tan— pasados. La semana pasada, la formación nacionalista recibió una visita por parte de trabajadoras del Tribunal de Cuentas (TCU) con el objetivo de requerirle datos económicos como justificaciones de pago. Aunque todo apunta a que no está relacionado, recuerda a lo ocurrido en 2022, cuando fueron sancionados con 50.000 euros.

Lo sucedido hace alrededor de siete días ocurrió en la sede de la organización en Las Palmas de Gran Canaria —a nivel municipal, no autonómico—, según ha podido saber Atlántico Hoy, podría no ser fruto de un movimiento rutinario. Eso sí, aún no hay nada confirmado y habría que esperar a los movimientos que se puedan conocer en el futuro cuando el órgano fiscalizador emita sus conclusiones.

“No hay una investigación”

Carmelo Ramírez, secretario de organización del partido canarista, niega que se trate de una situación excepcional. “No hay ninguna investigación por parte del Tribunal de Cuentas [a NC]”, afirma en declaraciones concedidas a este periódico. Indica que es habitual ver de manera anual a empleados del TCU en la sede de los grupos nacionalistas que reciben dinero público como subvenciones.

“Se desplazan”, afirma, “para fiscalizar todas las cuentas”. “Eso lo hacen todos los años y van por las comunidades autónomas donde haya grupos nacionalistas, piden tanto facturas como datos”. agrega. Pone sobre la mesa, además, que todo lo requerido se les facilita de cara al informe que deben llevar a cabo, con la finalidad de, posteriormente, elevarlo al consejo o a la dirección del Tribunal de Cuentas.

Otros años

Incide en que no se trata la primera vez. “Otros años también han venido por aquí, no ha sido para ver las cuentas del partido en Las Palmas de Gran Canaria ni nada de eso”, sentencia. Merece la pena recordar que en septiembre de 2022, el TCU difundió un comunicado donde anunció que el pleno había sancionado a NC por una infracción “muy grave” relacionada con la financiación de los partidos políticos.

La clave para entender lo ocurrido en aquel momento está en que la formación canarista incumplió durante dos ejercicios fiscales consecutivos (2018 y 2019) con la obligación de presentar las cuentas anuales en el plazo previsto. La sanción resultó ser la mínima teniendo en cuenta que la Ley establece multas en esos casos que van desde los 50.000 euros hasta los 100.000.

Cuando en aquel momento saltó la liebre y se dio a conocer la infracción que había cometido el partido durante dos años, Carmelo Ramírez explicó —según declaraciones recogidas por EFE— que ya estaban al día en todas sus obligaciones legales y habían remitido al TCU su contabilidad de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. En cierta manera, todo quedó en un susto. Eso sí, uno muy caro.

El informe final

Volviendo a la visita del Tribunal de Cuentas a Nueva Canarias de la semana pasada, este medio se ha puesto en contacto con el TCU para conocer su explicación sobre los hechos. Las fuentes consultadas detallan que se corresponde con los trabajos de la fiscalización anual de las cuentas que se realiza a todos los partidos para acabar elaborando un informe con las diferentes cuestiones que se encuentren en el camino.

Ahora bien, dan a entender entre líneas que no hay nada escrito aún y habrá que esperar a lo que determinen una vez concluya la tarea de control que desarrollan de manera presencial —como en el caso de NC—: “El Tribunal de Cuentas solo informa de las fiscalizaciones en curso cuando se ha aprobado el informe de fiscalización con sus conclusiones y recomendaciones”.