El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha consolidado el freno judicial a los encargos urbanísticos directos a la empresa pública Gesplan, dando de nuevo la razón al Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) y reforzando una línea jurisprudencial que cuestiona abiertamente el modelo de contratación impulsado en los últimos años por el Gobierno de Canarias.
A las dos sentencias dictadas en mayo, que ya supusieron un punto de inflexión en la política de contratación urbanística en el Archipiélago, se suman ahora dos resoluciones firmes que afectan a los municipios de Candelaria y Arafo, tras la inadmisión de los recursos presentados. En ambos casos, el TSJC anula los encargos realizados a Gesplan al considerar que no se justificó de forma suficiente la adjudicación directa frente a un procedimiento de licitación pública.
Las resoluciones judiciales desmontan el uso reiterado de Gesplan como “medio propio” de aplicación automática, y dejan claro que esta figura no exime a las administraciones de motivar técnica y económicamente cada encargo. El tribunal concluye que no consta en los expedientes ningún informe que acredite una mayor eficiencia, idoneidad o ventaja económica de la empresa pública frente a la oferta del mercado profesional.
Candelaria y Arafo
En Candelaria, la sentencia firme anula el encargo para la redacción del Plan Especial de Ordenación del Casco Urbano. En Arafo, ocurre lo mismo con la Modificación Menor del Plan General de Ordenación Urbana, en una resolución especialmente relevante al haber sido inadmitido también el recurso de la FECAM, cerrando así la defensa institucional del modelo ante los tribunales.
El TSJC sustenta sus fallos en una interpretación estricta del artículo 15.2 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, que establece que el uso de medios propios en trabajos de planeamiento debe ser excepcional y estar expresamente motivado, descartando su utilización como fórmula generalizada para evitar la concurrencia pública.
Estructura jurídica en cuestión
Desde el Colegio de Arquitectos se advierte de que estas sentencias ponen en cuestión la estructura jurídica que ha permitido a Gesplan convertirse en el principal operador de planeamiento del Archipiélago, tras declararse medio propio de los 88 ayuntamientos de Canarias mediante una participación simbólica en su capital social. Un modelo que ha concentrado encargos públicos de forma masiva y que, según el COA, ha desmantelado el ecosistema profesional de urbanistas en Canarias.
La dimensión económica del fenómeno es relevante: Gesplan prevé facturar en torno a 160 millones de euros este año, una cifra inédita en el ámbito del planeamiento público en España. Para el colectivo profesional, este crecimiento se ha producido en perjuicio de los estudios de arquitectura, especialmente de los más pequeños, y ha generado una dependencia creciente de la empresa pública como prácticamente única vía de trabajo estable para muchos jóvenes arquitectos.
El COA también alerta del impacto directo sobre la calidad del planeamiento, al eliminar los incentivos propios de la competencia técnica y económica y favorecer una homogeneización de soluciones urbanísticas en un territorio fragmentado y diverso como Canarias, donde los planes deberían responder a realidades insulares muy distintas.
Sin respuesta del Gobierno
La institución recuerda además que en abril de 2023 más de 15.000 profesionales, a través de un manifiesto suscrito por colegios y asociaciones del sector, reclamaron al Gobierno de Canarias el fin de las adjudicaciones sistemáticas a empresas públicas. Más de un año después, no ha habido respuesta, mientras los tribunales comienzan a fijar límites claros a un modelo que, ahora, acumula ya varios reveses judiciales.
Las sentencias del TSJC suponen así un aviso inequívoco a las administraciones públicas: el planeamiento urbanístico no puede gestionarse como un circuito cerrado, ni blindarse mediante fórmulas societarias que vacían de contenido los principios de transparencia, competencia y libre concurrencia. La Justicia empieza a marcar el terreno donde la política no quiso hacerlo.