La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias trabaja en la modificación de la Ley del Turismo con el objetivo de adaptar la normativa a la realidad actual del sector y ofrecer "mayor seguridad jurídica" tanto a propietarios como a explotadores turísticos.
Según recoge un comunicado del área, la consejera Jéssica de León defendió este miércoles en el Parlamento de Canarias la necesidad de "abordar una reforma normativa ante un conflicto que permanece enquistado desde hace décadas y afecta a complejos turísticos con múltiples propietarios, residentes, explotadores, procedimientos sancionadores y recursos judiciales".
De León sostuvo que la actual normativa, con más de 30 años de vigencia, "no responde a la realidad turística de las islas". En este sentido aseguró que la inseguridad jurídica "afecta tanto a propietarios como a explotadores" y defendió que la reforma "debe servir para ordenar una situación que se arrastra desde hace años".
Sustituir
Recuerdan que la nueva Ley de Turismo que impulsan sustituirá a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y fusionará la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Según la consejera, el texto se elaborará "con la participación de los sectores implicados" y ya se han recibido "745 aportaciones de asociaciones y federaciones de alojamientos hoteleros y extrahoteleros, sindicatos, Inspección de Trabajo, el Colegio Oficial de Graduados Sociales y colectivos ecologistas".
La hoja de ruta planteada por Turismo se articula en torno a cuatro ejes. "Que los ayuntamientos especialicen los usos, permitir y reconocer las segundas residencias, identificar los apartamentos que continúan explotándose turísticamente como vivienda vacacional y fortalecer el principio de unidad de explotación", indican.
No pretende eliminar la gestión
De León aclaró que la reforma "no pretende eliminar la gestión unitaria ni la especialización turística, sino crear un instrumento más eficaz para garantizar la calidad de los establecimientos, la homogeneidad de los servicios, la competitividad del destino y la sostenibilidad territorial, al tiempo que se atiende la realidad de los municipios y se da seguridad a los propietarios".
Defendió que su departamento está obligado "a aplicar la regulación vigente" y señaló que las recientes sentencias judiciales sobre la unidad de explotación y el deber de atenerse al uso confirman "de forma firme e inequívoca el ordenamiento jurídico actual".
Uso residencial
Recordó que los tribunales han descartado que el uso residencial "pueda consolidarse automáticamente por el simple transcurso del tiempo si antes no se cumple la especialización de usos". Según expuso, no basta con residir durante cuatro años, sino que es necesario que los ayuntamientos especialicen el uso mediante sus herramientas de planeamiento.
De León también subrayó que el derecho de propiedad "no tiene carácter absoluto, sino que está sujeto a las limitaciones derivadas de su función social y de las determinaciones urbanísticas y turísticas vigentes". La consejera concluyó que Canarias necesita "una norma capaz de proteger al mismo tiempo la competitividad del destino turístico y los derechos de las personas que llevan años afectadas por esta situación".