El Gobierno valenciano ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley sobre la acogida de los menores migrantes aprobado por el Gobierno de España por considerar que vulnera competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana.
El Consell, reunido este martes en pleno, ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para interponer un recurso contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo.
El Gobierno valenciano (PP, con apoyo parlamentario de Vox) considera que el decreto vulnera competencias en asistencia social y protección de menores, recogidas en el artículo 148.1.20 de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Imposición sin consenso
Según el ejecutivo autonómico, el decreto supone una "injerencia" en las competencias y "contraviene" los principios de cooperación, coordinación y lealtad institucional, al imponer un reparto unilateral de menores sin consenso previo en la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia.
También sostiene que el uso del Real Decreto-Ley es inadecuado, ya que afecta a derechos fundamentales que deberían tratarse mediante una Ley Orgánica, garantizando así una protección adecuada.
Postura del Consell
En rueda de prensa, la vicepresidenta y portavoz Susana Camarero ha calificado el reparto como un "insulto" a las comunidades autónomas, subrayando que la Comunitat ha atendido en 2024 a más de 900 menores migrantes y está al 160 % de ocupación.
Camarero ha denunciado el uso de los menores como moneda de cambio en acuerdos políticos, especialmente con Junts. Ha afirmado que el reparto es "arbitrario", sin criterios objetivos, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades.
Diferencias entre comunidades
Ha señalado que a Cataluña le corresponden solo 30 menores de los 4.000 totales, mientras que a la Comunitat Valenciana casi 500.
Además, ha advertido que sus estándares de protección son superiores y no se podrían mantener con los 143 euros diarios que propone el Gobierno.
Falta de política migratoria
La vicepresidenta ha acusado al Gobierno de España de no tener una política migratoria y de no desplegar Frontex, lo que permite que las mafias actúen impunemente en Canarias. Ha instado a trabajar con los países de origen, como ya hace la Comunitat Valenciana.
Camarero concluye que el decreto "provoca desorden" y supone un problema asistencial en la atención y emancipación de los menores, por lo que se recurrirá ante el Tribunal Constitucional.