La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha solicitado la comparecencia en la Cámara del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que informen sobre las medidas previstas con el fin de evitar el colapso en los controles de pasaportes del aeropuerto de Tenerife Sur durante la próxima temporada alta, a partir de octubre.

Según ha comunicado este miércoles Coalición Canaria, Valido ha recordado que la llegada masiva de turistas británicos "incrementará la presión sobre un sistema que ya presenta carencias y que provoca largas horas de espera a la llegada de pasajeros no comunitarios”.

Mejor coordinación 

La diputada pide así una "mejor coordinación entre ambos ministerios para evitar que se repitan episodios de caos como en años anteriores, cuando Interior derivaba la responsabilidad a Aena y Transportes alegaba que la gestión de efectivos era competencia exclusiva de Interior". 

La parlamentaria nacionalista ha registrado, además, una pregunta para respuesta escrita en la que cuestiona "si existe esa coordinación y qué acciones concretas se prevén para impedir que se repitan las lamentables imágenes difundidas el pasado año en la prensa británica”, que, a su juicio, dañan la imagen de España como potencia turística mundial.

Huelga del handling

En paralelo, Valido ha mostrado su preocupación por las huelgas de handling que afectan a los aeropuertos de Tenerife Sur, Tenerife Norte, Gran Canaria y Lanzarote. La diputada resalta las denuncias sindicales contra las empresas Azul Handling y Menzies por supuestas irregularidades que han motivado el paro de unos 850 trabajadores en las islas.

Asegura que esta situación “además de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores del handling, compromete también la calidad y continuidad de un servicio esencial para la conectividad aérea del Archipiélago”. Valido ha preguntado al ministerio qué medidas está adoptando para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos y el respeto a los derechos laborales. Asimismo ha advertido de que los servicios mínimos fijados por el Gobierno podrían ser “desproporcionados” y ha solicitado explicaciones sobre los criterios empleados para establecerlos y su compatibilidad con el derecho a la huelga.