La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para conocer si el Gobierno central atenderá la solicitud del Ejecutivo canario de ampliar los plazos de ejecución y justificación de los fondos europeos NextGeneration EU hasta el 31 de diciembre de 2028.
La iniciativa parlamentaria responde a la petición trasladada por el Gobierno de Canarias, respaldada por cabildos, ayuntamientos y diversas organizaciones empresariales del sector industrial y energético del archipiélago, que reclaman más tiempo para completar los proyectos vinculados al despliegue de energías renovables y la descarbonización.
En la exposición de motivos de la pregunta, Valido advierte de que el calendario actual fija 2026 como fecha límite, pero una parte “muy significativa” de los proyectos en marcha, muchos de ellos ya concedidos y con financiación adelantada, no podrá finalizarse dentro de ese plazo.
La diputada nacionalista señala que la pérdida de estos recursos europeos supondría renunciar a una cuantía económica “muy relevante” destinada a inversiones estratégicas relacionadas con el autoconsumo energético, las comunidades energéticas, la descarbonización industrial y otras infraestructuras vinculadas a la transición energética.
Singularidades de Canarias
Valido subraya que Canarias presenta condicionantes estructurales que influyen directamente en los tiempos de ejecución de los proyectos.
Entre ellos menciona la condición de región ultraperiférica, que implica mayores plazos logísticos para el suministro de materiales, la fragmentación territorial del archipiélago, el elevado porcentaje de suelo protegido y las limitaciones en la disponibilidad de mano de obra especializada.
A estas circunstancias se suman los retrasos acumulados en autorizaciones administrativas y la carga de gestión derivada del volumen extraordinario de fondos europeos asignados a Canarias.
Impacto en empresas y empleo
La parlamentaria advierte de que, si no se concede la prórroga solicitada, podrían verse afectadas numerosas pequeñas y medianas empresas que ya han adelantado inversiones para desarrollar proyectos energéticos en las islas.
Según explica, el riesgo no solo afecta a los objetivos climáticos y de implantación de energías renovables del archipiélago, sino también a los empleos vinculados a la cadena de valor de la transición energética.
Valido recuerda además que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio, ya ha aprobado en otras ocasiones ampliaciones de plazo en distintas líneas estratégicas de inversión energética, por lo que considera viable aplicar una medida similar en el caso de Canarias.