El diputado regional de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC–BC), Yoné Caraballo, ha solicitado este lunes amparo parlamentario tras considerar que el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, vulneró sus derechos fundamentales a la intimidad, al honor y al libre ejercicio de su labor parlamentaria.
La petición fue registrada ante la Presidencia de la Mesa de la Comisión de Sanidad y se fundamenta en la revelación pública de datos confidenciales sobre su estado de salud, realizada —según Caraballo— por Goya durante una sesión celebrada el pasado viernes.
El diputado también acusa al responsable del SCS de haber mentido sobre su puesto de trabajo durante el inicio de la pandemia de la COVID-19, con el fin, sostiene, de “desacreditarme personal y políticamente”.
Menoscabar su reputación
En el escrito de amparo, Caraballo afirma que Adasat Goya utilizó información personal “con la única finalidad de menoscabar su reputación, coaccionar e intimidar”, y que ese comportamiento buscó “mermar su labor de fiscalización” sobre la gestión del SCS.
Durante la comparecencia, el presidente de la Comisión de Sanidad, Gustavo Santana (PSOE), tuvo que intervenir para pedir “altura política” y advertir de que “se estaba cruzando una frontera democrática” al abordar cuestiones de índole privada ajenas al debate institucional.
Reprobación formal
En su solicitud, Caraballo pide que la Mesa de la Comisión de Sanidad admita a trámite el amparo, declare la vulneración de sus derechos y califique como “actuación irregular y muy grave” la conducta del director del SCS por divulgar datos confidenciales sin autorización y con fines de desacreditación política.
Asimismo, solicita que, si se considera procedente, se emita una declaración de reprobación formal contra Adasat Goya y que el asunto sea elevado a la Mesa del Parlamento para valorar las medidas institucionales y disciplinarias oportunas.
"Dignidad parlamentaria”
A través de un comunicado, NC ha respaldado al diputado y subrayado que el uso político de información privada, especialmente procedente de una autoridad sanitaria, constituye “un hecho de extrema gravedad que atenta contra los valores éticos y democráticos del Parlamento canario”.
El partido ha reiterado su compromiso con la transparencia y el respeto institucional, defendiendo que el Parlamento debe proteger la dignidad y los derechos de sus miembros y garantizar que ningún cargo público utilice información privilegiada para atacar o amedrentar a representantes legítimos del pueblo canario.