El Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar ha presentado una enmienda dentro del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela que endurece las condiciones de publicidad y promoción en el sector del juego online. La iniciativa busca reforzar la protección del consumidor mediante un marco más restrictivo y visible.
La propuesta obliga a que todas las casas de apuestas incluyan mensajes de advertencia sobre los riesgos del juego, similares a los que aparecen en las cajetillas de tabaco. Uno de los ejemplos citados en el texto reza: “La probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%”.
Una vuelta al espíritu del Real Decreto 958/2020
El analista de MisCasasdeApuestas, Carlos de Jurado, considera que esta enmienda “recupera el espíritu del Real Decreto 958/2020”, pero desde una vía parlamentaria para blindar legalmente lo que antes se tumbó por vía judicial. En referencia a la sentencia 537/2024 del Tribunal Supremo, que anuló parte de las restricciones impuestas al juego durante la pasada legislatura, de Jurado explica que el Gobierno busca una fórmula más sólida para mantener esas limitaciones.
Según detalla, “PSOE y Sumar quieren retomar el control del relato sobre el juego, reforzando la idea de que apostar implica riesgo. Es una decisión más política que técnica, pero con un impacto directo sobre la percepción pública del sector”.
De Jurado advierte de que esta nueva regulación puede tener efectos negativos sobre la visibilidad del mercado legal, que es precisamente el que más invierte en medidas de protección y verificación de usuarios.
Promociones bajo condiciones más duras
La enmienda también plantea un cambio sustancial en las condiciones para ofrecer promociones o descuentos. El texto establece que, nuevamente, solo podrán dirigirse a clientes con una cuenta abierta desde hace más de 30 días y con identidad verificada documentalmente.
Esto implica que las casas de apuestas con bonos de bienvenida se verían limitadas a ofrecer sus promociones únicamente a los usuarios que cumplan esos requisitos, restringiendo la captación directa de nuevos registros. Las ofertas, además, deberán publicarse en una sección independiente dentro de la web o aplicación.
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Para de Jurado, “no es una prohibición total, pero sí una limitación fuerte. Las casas con licencia verán reducida su capacidad de comunicación, mientras los operadores sin autorización seguirán actuando sin filtros ni responsabilidad”.
Una ofensiva política con trasfondo mediático
La enmienda se enmarca dentro de una estrategia política de PSOE y Sumar que busca reforzar su imagen de control y protección del consumidor. De Jurado considera que esta ofensiva “responde más a un gesto de visibilidad política que a una urgencia real del mercado”. En su opinión, el sector español ya cuenta con una de las regulaciones más exigentes de Europa.
El experto concluye que el equilibrio será clave en esta nueva etapa. “Si se limita demasiado la comunicación del mercado legal, se favorecerá la migración de usuarios hacia operadores no regulados. Y ese sería, paradójicamente, el escenario más perjudicial para el propio objetivo del Gobierno”.
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