El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) anuló la semana pasada la Nueva Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras estimar íntegramente el recurso contencioso interpuesto por la Asociación de Vecinos Urban Centro 'El Perenquén'.

Y aunque los servicios júridicos del Ayuntamiento aseguran que la norma serguirá vigente al menos durante los 30 días de plazo que tienen para presentar el recurso de casación, el abogado de los vecinos del centro que interpusieron este recurso, Felipe Campos, asegura que el Ayuntamiento está en un error: “No pueden seguir adelante porque algunos artículos, como el que hace referencia al carril bici, están suspendidos cautelarmente y, por tanto, no tienen efectos actualmente”. 

Tres artículos suspendidos

Según Campos, cuando el Consistorio hace esas declaraciones "obvia" que hay tres artículos que, en previsión de que las obras continuaran mientra la sentencia no era definitiva, la asociación pidió que se suspendieran cautelarmente y se les concedió: "Los artículos anulados incluyen regulaciones sobre la zona Urban, el carril bici y la zona de bajas emisiones".

En su opinión, Santa Cruz debería "desmantelar" las obras relacionadas con carril bici o zona Urban, "porque no tienen asidero legal". 

“Si el Ayuntamiento dice que no necesita la ordenanza para hacer esto, ¿en qué se están basando? Porque no pueden regular la movilidad sin un marco normativo que lo sustente”, critica Campos, que añade: “La sentencia ha sido clara, no existe memoria justificativa". E insiste en que no es una cuestión de discrepancia, "no hay una motivación legal que respalde la ordenanza”.

Sin normativa en vigor

Legalmente, aunque el Ayuntamiento haya recurrido la sentencia, los artículos suspendidos cautelarmente siguen sin efecto hasta que haya un fallo definitivo. “Es una irresponsabilidad decir que van a seguir aplicando la ordenanza. Primero necesitan una normativa aprobada y en vigor, y ahora mismo no la tienen”, recalca. 

Ante esta situación, el abogado prevé que los vecinos solicitene la paralización inmediata de todas las medidas derivadas de la ordenanza anulada. “Pedimos la suspensión cautelar y nos la otorgaron. Por tanto, la ordenanza de esos artículos nunca tuvo una aplicación ni eficacia", afirma Campos.