La Audiencia Nacional ha descartado imponer medidas cautelares urgentes para evitar el derribo del antiguo silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife, una actuación que había sido solicitada por el Cabildo insular en un intento de frenar su desaparición.

El auto judicial, sin posibilidad de recurso, opta por abrir una pieza separada para estudiar con más detalle si procede o no adoptar esas medidas, una decisión que se tomará una vez se escuche a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que dispone de un plazo de tres días para pronunciarse.

El Cabildo había fundamentado su petición en el valor histórico del inmueble, construido en 1965 dentro de la Red Nacional de Silos y Graneros, una infraestructura clave en su momento para garantizar el abastecimiento y regular el mercado del trigo.

En su argumentación, la corporación insular subraya que se trata del único silo de este tipo que queda en España, lo que lo convierte en una pieza singular del patrimonio industrial del Archipiélago, con valores “sobresalientes y excepcionales”.

Pendiente de protección patrimonial

Mientras se resuelve el fondo del asunto, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria ya ha acordado suspender la licitación del derribo, a la espera de que se aclare su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Este procedimiento ha sido iniciado por el Ministerio de Cultura, que ha solicitado informes para evaluar la relevancia histórica y arquitectónica del inmueble, en un contexto en el que crece el debate sobre su conservación frente a su demolición.