La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sancionó a un año y once meses de prisión y al pago de 137.500 euros al administrador de una empresa por los delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa agravada a las ayudas al empleo.
El Tribunal suspendió la pena de cárcel ante la carencia de antecedentes penales y el compromiso de asumir las cuotas de bienes civiles que no están atendidas. De esta forma, la sentencia incluye pagar la cantidad adeudada, a razón de 300 euros mensuales y dar por extinguida la reclamación de 600.000 euros a la empresa, dado que ya no existe.
La entidad a la que se imputan los hechos, constituida mediante escritura pública de 7 de junio de 2011, ofrecía a empresas y empleadores formación profesional para sus trabajadores. Estos cursos en realidad no se realizaban o se impartían con muchas menos horas de las declaradas.
Antecedentes
En el esclarecimiento de la actividad delictiva, la Fiscalía Provincial explicó que la Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, asiste a las empresas en la compensación de los costes por la formación a sus trabajadores.
La legislación incluye la aplicación de bonificaciones al pagar cuotas a la Seguridad Social, financiadas con fondos públicos, a cargo del Presupuesto de Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Hechos
Según refiere la acusación, durante el año 2015 la empresa acusada comunicó a la Fundación Estatal de Formación para el Empleo la realización de 340 acciones formativas, de las cuales 9 fueron anuladas. No obstante, las facturas y las cantidades en ellas reflejadas no se correspondían con las actividades realmente realizadas ni con sus costes.
Se utilizaba a las empresas con derecho a bonificación como instrumento para hacerse con el máximo importe, incrementando de forma injustificada los costes declarados.
“En ocasiones sin que se hubiera efectuado pagos a profesores, ni altas en la Seguridad Social o declarando actividades que no se habían producido. En otras ocasiones ajustando las facturas al crédito legalmente disponible como bonificable de cada acción formativa, muy por encima de su coste real”, refirió la autoridad jurídica.