El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife analizará las consecuencias que puede tener para la ciudad la decisión del Gobierno central de ordenar la retirada del monumento a Franco antes de seis meses.
Los servicios jurídicos y administrativos municipales estudiarán ahora el alcance de la resolución, especialmente en lo relativo al coste de la retirada y a las posibles repercusiones legales que pueda generar para la capital tinerfeña.
Incluido en el catálogo estatal
El Ministerio de Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha incluido el Monumento a la Victoria, también conocido como Monumento del Ángel o Monumento a Franco, en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
La resolución obliga a retirar el monumento del espacio público en un plazo de seis meses. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha señalado que los técnicos municipales ya están analizando las posibles consecuencias de esta decisión.
Cumplir la ley
Bermúdez ha insistido en que el Ayuntamiento cumplirá con lo que establece la normativa vigente. En concreto, se ha referido tanto a la Ley estatal de Memoria Democrática como a la Ley Canaria de Memoria Democrática.
El alcalde ha subrayado, no obstante, que el Consistorio necesita estudiar “todas las vertientes” de la resolución y cómo puede afectar a los vecinos y vecinas de Santa Cruz.
Coste y repercusiones legales
El regidor ha criticado que el Ministerio adopte decisiones cuyas consecuencias deben asumir otras administraciones. Según ha indicado, el Ayuntamiento debe valorar cuestiones como quién asume el coste económico de la retirada o si pueden producirse efectos legales derivados de la actuación.
Por ello, Bermúdez ha defendido que el expediente debe analizarse “en profundidad” antes de dar nuevos pasos, aunque ha reiterado que el Ayuntamiento actuará conforme a la ley.