El presidente de Canarias ha hecho esta declaración tras una reunión con representantes de los vecinos afectados, cuyo desahucio fue paralizado en octubre del pasado año, y en el encuentro también han participado el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
Fernando Clavijo ha destacado la actuación de los vecinos para evitar una "tremenda injusticia" y ha señalado que en España no hay un ejemplo similar a este, en el que, ha añadido, las administraciones se han unido para impedir que un fondo buitre se queda con tantas viviendas.
El Gobierno de Canarias compra al Banco Santander las 358 VPO de Añaza por 24,8 millones https://t.co/Luwil4UHYu Fuente @EPCanarias pic.twitter.com/33643nkKFC
— Manuel Artiles TV (@ManuelArtilesTV) 9 de enero de 2019
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha reconocido que el hecho de pagar todo de una vez ha facilitado bajar el precio de los 29 millones de euros en los que lo había tasado la entidad bancaria, y ha comentado que una vez se firme el acuerdo se analizará el caso de cada familia.
La previsión es que antes del 15 de enero el dinero se transfiera a la empresa pública Visocan y, según el presidente de Canarias, lo "razonable" sería que antes de dos meses se formalice el contrato para comprar las viviendas.
En nombre de los vecinos habló la asesora técnica de Visocan Inma Évora, quien declaró que con este acuerdo ninguna de las 358 familias se quedará en la calle y destacó la necesidad de que en Canarias haya un parque de viviendas públicas para facilitar el acceso a las mismas de las personas con pocos recursos económicos.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, manifestó que se trata de una operación "excepcional" en España, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha asegurado que está feliz porque se ha resuelto un problema social.
José Manuel Bermúdez indicó que de no haberse llegado a este acuerdo la mayoría de las familias se iría a la calle, mientras que una vez se firme la compra por parte del gobierno canario las viviendas formarán parte del patrimonio público.