Santiago M., feriante que ha participado en la subasta de los puestos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en declaraciones a Atlántico Hoy ha criticado que en la subasta de kioscos hay personas que participan “solo para subir las pujas” sin intención real de explotar el negocio.
Cuestiona el feriante que algunos ni siquiera podrían estar dados de alta en la Seguridad Social o sobrepasan la edad de jubilación, lo que, a su juicio, vulneraría el espíritu y las bases del procedimiento.
“Vienen a subir las pujas”
El empresario explica que acudió a la subasta con la idea de pujar por un puesto de papas asadas, cuyo precio de salida rondaba los 700 euros. “Y ahora voy a pagar más de 2.000 euros”, relata, pero sostiene que hubo gente que entró en la puja únicamente para encarecerla, sin que por el resto de puestos similares mostrara el mínimo interés.
“Hay gente que viene aquí nada más que a encarecer los puestos, ¿sabes? ¡No hay derecho!”, afirma visiblemente enfadado. Según su versión, se trataría de personas que aprovechan la dinámica de la subasta para elevar el precio que terminan pagando quienes sí tienen previsto trabajar durante todo el Carnaval.
Un caso que se repite
El feriante vincula este comportamiento también con lo ocurrido en la puja por el mesón de la plaza de España, que este año se adjudicó por algo más de 65.000 euros. “Han visto que el mesón se ha ido a una cantidad de 65.063 euros. Esto ocurre por rencillas que vienen de otros lados”, sostiene, insinuando que hay intereses cruzados y rivalidades previas que se trasladan a la sala de subastas.
Santiago critica especialmente que una de las personas que compitió con él tiene, según dice, 83 años. “Con 83 años ya debería estar jubilada o, por lo menos, no permitir que la subasta… ya que hay unas bases, pues que cumplan con esas bases”, argumenta.
Cumplimiento de las bases
El feriante recuerda que el pliego establece requisitos como no tener deudas con la Seguridad Social y estar al corriente de las obligaciones, además de las condiciones que deben cumplir los titulares de los negocios. A su entender, permitir la participación de personas en edad de jubilación o con situaciones laborales dudosas desvirtúa el procedimiento y perjudica a quienes viven de estas campañas.
“Uno sale de aquí con una cantidad elevada, más de la puja, como para que encima tener esta serie de problemas con personas que no vienen sino a fastidiar”, resume con frustración.
Apuesta económica con riesgo añadido
Más allá de la polémica, el feriante recuerda que acudir a la subasta ya implica asumir un riesgo económico considerable. A la puja ganadora se suman los costes de montaje, mercancía y personal, y todo queda supeditado a que el público responda… y a que el tiempo acompañe. “Ahora esperemos que no llueva”, comenta, aludiendo a un temor compartido por muchos feriantes que se juegan buena parte de sus ingresos anuales en el carnaval.
Mientras la administración defiende el sistema de subastas como un método transparente para adjudicar ubicaciones, testimonios como el de Santiago M. ponen sobre la mesa el malestar de parte del sector, que reclama mayor control sobre quién puja y en qué condiciones para evitar que las “pujas trampa” distorsionen un proceso clave para la economía de muchas familias.