El Tribunal Supremo ha puesto fin a la batalla judicial de Inversiones Las Teresitas (ILT) al confirmar la sanción de 27,5 millones de euros por fraude fiscal en la operación de venta de Las Huertas, la trasera de la playa de Las Teresitas, situada en Santa Cruz de Tenerife. La resolución respalda la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), avalada previamente por la Audiencia Nacional, al considerar que la empresa no podía acogerse a los beneficios fiscales de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).
En el año 2005, ILT vendió por 92 millones de euros ocho parcelas a la empresa Desurcic, después de haberlas adquirido por un valor de apenas 15 millones, lo que supuso un incremento patrimonial del 56,5%. En 2006, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) exigió el pago de 69,5 millones en impuestos por los beneficios obtenidos, de los cuales 21,5 millones eran el capital principal y casi 6 millones, intereses de demora.
González y Plasencia
ILT estaba formada por los empresarios Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia, quienes en 1998 compraron los terrenos de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros y los vendieron tres años después al Ayuntamiento de Santa Cruz por 52,4 millones. Dicha operación, que triplicaba el valor real del suelo, fue anulada judicialmente en 2018. En consecuencia, los empresarios, junto a dos técnicos municipales, el entonces alcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, fueron condenados por malversación y prevaricación a penas de entre 5 y 7 años de cárcel.
Según el Supremo, los beneficios no derivaban de una actividad económica real, sino de una operación simulada con fines especulativos, cuyo objetivo era repartir 77,5 millones de euros entre los socios. Los jueces ratifican que ILT no pagó impuestos, disfrazó el reparto de beneficios como supuestos préstamos que nunca se devolvieron y que la empresa no desarrolló una verdadera actividad de promoción inmobiliaria, pese a intentar justificarlo con gastos en servicios profesionales, indemnizaciones o costes de urbanización.
Operación especulativa
El alto tribunal concluye que se trató de una "apariencia de negocio ficticio" diseñado para encubrir el verdadero objetivo: una operación especulativa sin actividad económica real y con ocultación de beneficios a Hacienda.
Con esta decisión, se reafirma la imagen del caso Las Teresitas como uno de los mayores escándalos urbanísticos y fiscales en Canarias, con ramificaciones políticas y económicas que aún resuenan en Santa Cruz de Tenerife.