Sampol está proyectando una central de emergencia antiapagones en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife y no ha evaluado qué impacto tendrán el ruido y las emisiones de carbono para los vecinos.

Se trata de dos de los aspectos más sensibles para los vecinos de San Andrés, Valleseco, Cueva Bermeja y María Jiménez, barrios situados en un radio de entre 700 metros y cuatro kilómetros del punto donde pretende instalarse la planta.

Falta información

El Servicio Técnico de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Santa Cruz asegura la documentación acústica presentada por el promotor es “insuficiente” y no permite evaluar cómo afectará el funcionamiento de los diez grupos electrógenos diésel a los núcleos poblados cercanos.

El consistorio afirma que el proyecto no ha inventariado todas las fuentes sonoras ni ha empleado la metodología europea obligatoria, conocida como CNOSSOS-EU, exigida en España desde 2021 para evaluar el ruido industrial y ambiental. Sin esa modelización estandarizada, el ayuntamiento considera que no es posible determinar si la puesta en marcha de la planta cumplirá los límites legales ni si sus emisiones acústicas pueden provocar molestias persistentes.

La administración municipal también exige un análisis detallado de las tres fases del proyecto: la obra, la operación y el desmantelamiento. En el expediente constan mediciones puntuales que el promotor atribuye a la fase de trabajos previos, como los 41,7 decibelios previstos en San Andrés, pero el ayuntamiento subraya que no existe una evaluación completa de todos los escenarios sonoros, especialmente del funcionamiento simultáneo de todos los grupos electrógenos cuando la planta opere en situación de emergencia.

Emisiones de carbono

En paralelo, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias advierte de que tampoco puede valorar el impacto en la calidad del aire durante la operación de la planta. El organismo sanitario señala que el Documento Ambiental del proyecto no aporta datos suficientes sobre las emisiones que generarán los motores diésel ni sobre la dispersión de contaminantes en una zona que ya soporta tráfico portuario, actividad logística y otras infraestructuras energéticas. Sin esa información, no resulta posible estimar la repercusión en la salud pública o en la calidad del aire de los barrios próximos.

Salud Pública limita, de hecho, la validez de su propio informe a cinco años, un plazo que coincide con las previsiones de uso declaradas por el promotor. Según detalla la administración, no se dispone de información que permita saber qué ocurriría si la central de emergencia se mantiene operativa durante periodos más prolongados, lo que obligaría a realizar una nueva evaluación sanitaria.

Generadores

La instalación proyectada por Sampol forma parte del paquete de plantas de emergencia que el Gobierno de Canarias está promoviendo para responder al déficit estructural de generación en las islas. Estas centrales modulares, basadas en grupos electrógenos de gran potencia, se están implantando de manera temporal en varias islas con el objetivo de reforzar la estabilidad del sistema eléctrico mientras se desarrollan infraestructuras definitivas como ciclos combinados, nuevas subestaciones y sistemas de almacenamiento. Su función es activarse solo cuando Red Eléctrica declare riesgo para la continuidad del suministro.

En Tenerife, la planta de la Dársena Pesquera se suma a otras instalaciones de emergencia impulsadas recientemente tanto por Sampol como por Disa en distintos puntos de la isla, como el polígono de La Campana, Granadilla o dos que habrá en Los Realejos.