El agua que llega a los grifos de Santa Cruz de Tenerife no solo depende de la lluvia, de los pozos o de la desaladora de Cueva Bermeja. También depende de una red de acuerdos, convenios y anuncios que, desde 2005, han ido marcando el ritmo de las inversiones en el ciclo integral del agua.
En el centro de esa historia está Sacyr, la empresa que gestiona el servicio a través de Emmasa, y el Ayuntamiento capitalino que ha presentado en los últimos años varias cifras de inversión sin ofrecer todavía una cuenta única y cerrada de lo ejecutado y lo pendiente.
Julio 2026
Lo más reciente que se conoce es que, a principios de julio de 2026, el Consistorio y Emmasa anunciaron que habían terminado las obras de la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Los Alisios, en el distrito Suroeste. La inversión comunicada para esa infraestructura asciende a 7.177.599 euros, una obra que el Ayuntamiento integra en el Plan Vertido Cero y que, según sus responsables, permitirá aumentar la capacidad de impulsión de aguas residuales y reforzar el saneamiento en una zona sometida a crecimiento de población.
En la misma nota, el Ayuntamiento afirmaba que el programa de vertido cero ha supuesto una inversión de más de 14 millones de euros durante el actual mandato. Pero no especificaba qué actuaciones concretas se incluyen en ese cálculo, cuánto de ese dinero procede de Emmasa o Sacyr, ni si la cifra se imputa íntegramente al plan de 40 millones anunciado en 2022.
Nuevo giro
Pero la historia de las cuentas del agua santacrucera dio un nuevo giro apenas días después, el 30 de julio de 2026, cuando el Pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó solicitar un crédito de 10 millones de euros para saldar con Emmasa la deuda por las tarifas de agua no actualizadas entre 2015 y 2023.
Los técnicos municipales habían cifrado la deuda en 12,3 millones, pero el acuerdo con la gestora la redujo a 10 millones tras una negociación que el equipo de gobierno presentó como un "éxito" al lograr una quita de más de dos millones. Sin embargo, el expediente queda pendiente del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que tiene dos meses para emitir informe antes de que pueda tramitarse la modificación presupuestaria definitiva.
Críticas
La oposición socialista criticó este acuerdo con dureza, señalando que los vecinos pagarán casi 900.000 euros en intereses por este crédito, mientras que a Sacyr se le perdonaron todos los intereses de una deuda de 33 millones que se difirió en 10 años (a la que se hace mención más adelante). La portavoz socialista también recordó que las tarifas del agua y el alcantarillado han subido cerca de un 20% desde 2022, de modo que los ciudadanos ya están pagando el acuerdo entre el Ayuntamiento y la concesionaria tanto con este crédito como con cada recibo mensual.
El gobierno municipal defendió que el dinero es necesario para presupuestar las inversiones requeridas, aunque la oposición replicó que esas inversiones son obligatorias por contrato y no deberían financiarse con subidas de tarifas.
2025
Un año antes, en julio de 2025, el Consistorio había presentado otro acuerdo, esta vez por valor de 20 millones de euros, que según la posición oficial permitiría "culminar" el compromiso inversor de la compañía antes de que venciera la concesión, en 2031.
El anuncio identificaba cuatro grandes actuaciones: la ampliación de la desaladora hasta 40.000 metros cúbicos diarios, con una inversión de 11,38 millones de euros y un inicio previsto para enero de 2026; la conducción Ofra-El Chorrillo, por 2,9 millones, para reforzar el abastecimiento; el desdoblamiento de la tubería de bastidores de la desaladora, por 950.000 euros, como mejora operativa de la planta; y una segunda ampliación de la desaladora hasta 48.000 metros cúbicos diarios, valorada en 5,77 millones, que se planteaba con cofinanciación del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
21 millones
La suma de las cuatro cantidades anunciadas alcanza aproximadamente 21 millones de euros, aunque el acuerdo se presentó como una inversión de 20 millones. Además, la segunda ampliación de la desaladora se planteaba con participación financiera de otras administraciones, de manera que no puede atribuirse sin más todo ese importe a la concesionaria.
La nota municipal también situaba la conclusión de la ampliación principal de la desaladora en el verano de 2027, por lo que aquella actuación no podía considerarse ejecutada en el momento de su anuncio ya que era una obra prevista, con calendario de inicio y finalización futuros.
2022
Pero las propias notas institucionales publicadas desde 2022 describen un programa de inversiones de 40 millones y una primera fase de 8 millones para alcanzar el vertido cero. De ahí la necesidad de distinguir entre lo que está comprometido, lo anunciado y lo que puede considerarse obra terminada, especialmente ante la falta de un cuadro público consolidado con cada obra, presupuesto, certificación, pago e imputación al convenio correspondiente.
El anterior gran hito se sitúa en julio de 2022. Por entonces, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con Sacyr que combinaba dos cuestiones. Por un lado, la devolución a Emmasa de cantidades vinculadas al canon y, por otro, la reactivación de un plan inversor para el agua de Santa Cruz. En diciembre de ese mismo año, el Consistorio precisó que el programa alcanzaba 40 millones de euros hasta 2031, fecha de finalización del contrato de gestión del agua.
Dos fases
El mencionado plan se dividía en dos fases. La primera contemplaba 8 millones de euros hasta 2025 para actuaciones en el litoral destinadas a alcanzar el objetivo de vertido cero, con obras concentradas en puntos como Taganana, San Andrés, Añaza y Acorán. La segunda fase sumaba más de 32 millones de euros para actuaciones de mayor envergadura en el resto del municipio.
Ese anuncio permite establecer una primera conclusión y es que en 2022, el marco divulgado por el Ayuntamiento no hablaba de 20 millones, sino de 40 millones de inversión hasta 2031. Y, dentro de ese importe, solo una parte concreta -los 8 millones destinados al vertido cero hasta 2025- contaba entonces con una delimitación territorial y temporal claramente expresada en la comunicación institucional.
Origen: compromiso inversor de 45 millones
Todo este recorrido tiene su origen en el compromiso histórico que ha acompañado a Sacyr desde su entrada en Emmasa, cifrado en 45 millones de euros. Esa cantidad está asociada a las obligaciones de inversión ligadas a la gestión del ciclo integral del agua, que la empresa asumió tras la adjudicación del servicio municipal en 2005 y el inicio efectivo de la concesión en 2006.
Aquella adjudicación concedió a la compañía la gestión del agua de Santa Cruz a través de Emmasa, empresa mixta en la que el Ayuntamiento conserva una participación minoritaria.
Diferencia entre compromiso y canon
El compromiso de 45 millones no debe confundirse con el canon de 59 millones de euros que Sacyr pagó en su día para acceder a la concesión y al control mayoritario de Emmasa. El canon y las inversiones responden a conceptos distintos: el primero estaba ligado a la operación concesional y el segundo, a las obras y mejoras de las infraestructuras hidráulicas de la capital.
En cualquier caso, la cifra de 45 millones aparece de forma recurrente en el debate municipal, aunque el recorrido posterior de los acuerdos muestra que las obligaciones inversoras han sido reformuladas en diferentes momentos. De hecho, en marzo de 2015, la administración local y Emmasa suscribieron un convenio que recogía un plan de inversiones de 33,97 millones de euros, con actuaciones entre las que figuraba la ampliación de la desaladora y sus infraestructuras de conexión a la red municipal.
El canon, la pieza que falta en la cuenta de las inversiones
La clave para entender por qué Emmasa no ha completado las inversiones previstas y por qué los acuerdos se han renegociado una y otra vez está en el mencionado canon de 59 millones de euros que Sacyr abonó en 2006 para acceder a la concesión y en la forma en que se gestionó su devolución.
En 2007, Sacyr y Emmasa -ya controlada mayoritariamente por la concesionaria- acordaron devolver a Sacyr ese canon a razón de 2,3 millones de euros anuales, una resolución que contó con el refrendo del Ayuntamiento. En 2020, una auditoría encargada a la empresa ASSAP calificó esa operación como irregular y cifró en 33,6 millones de euros (más unos 5 millones en intereses) lo que Sacyr debía devolver a la empresa mixta por haberse apropiado de esas cantidades.
Reparto de dividendos
Esa devolución, sin embargo, no se planteó como una salida neta de recursos para Sacyr. El acuerdo alcanzado en septiembre de 2022 entre el Ayuntamiento y la concesionaria estableció que las cuotas anuales de 3,3 millones de euros que Sacyr debió ingresar a Emmasa para saldar la deuda se contabilizaran como beneficios de la empresa mixta durante la siguiente década. Al ser beneficios, eran susceptibles de repartirse como dividendos entre los accionistas: Sacyr (94,64%) y el Ayuntamiento (5,36%).
En la práctica, esto significa que de cada 100 euros que Emmasa ingrese por este concepto, 94,64 euros volverán a Sacyr en forma de dividendos, incluyendo parte de los propios 38,6 millones que la empresa se comprometió a “devolver”. El acuerdo recoge literalmente que “la obligación de devolución se integra como elemento esencial y propio del conjunto de presupuestos necesarios para la señalada propuesta de reformulación (de inversiones)”.
Por qué no se ejecutaron las inversiones
Este mecanismo explica buena parte del rompecabezas inversor. El compromiso original de Sacyr era invertir 165 millones de euros en Emmasa antes de 2025, pero esa cifra estaba condicionada a que los beneficios fueran los previstos en el periodo. En 2021, según el contrato, debían estar ejecutados 137 millones (el 83% de la inversión), pero solo se había completado el 37%.
Una de las razones de fondo fue un error de cálculo en la demanda. Los pliegos de licitación de 2006 estimaban un crecimiento poblacional que no se produjo: se proyectaban 265.000 habitantes para 2015, mientras que el municipio cuenta en 2026 con 211.957. Ese sobrecálculo se vincula al caso de los “vecinos fantasma”, o sea, unas 15.000 personas empadronadas sin residir realmente en Santa Cruz, un inflamiento del padrón que permitió cobrar durante años fondos del REF y del Fondo Canario de Financiación Municipal y que alteró las previsiones de ingresos de Emmasa.
A eso se suma que, desde 2020, Sacyr carga con el problema de la devolución del canon. Al dejar de ingresar 2,3 millones anuales por ese concepto, Emmasa pasó a registrar pérdidas, lo que, según reconocieron concejales en la comisión de control, hacía inviable cumplir con un plan de 165 millones condicionado a los flujos de caja.
Renegociaciones en cadena
Este contexto es el que ha llevado a sucesivas reformulaciones del plan inversor. Tras la auditoría de 2020 y las denuncias por presuntos delitos de malversación y prevaricación -con cinco imputados, entre ellos el ex alcalde Miguel Zerolo- , el Ayuntamiento y Sacyr abrieron una negociación para acordar cómo se produciría tanto la devolución del canon como la reactivación de las inversiones.
El pacto de septiembre de 2022, por tanto, no solo cierra la cuestión del canon, sino que redefine el marco de las obligaciones inversoras, integrando la devolución como parte de la nueva propuesta de inversiones y permitiendo a Sacyr recuperar vía dividendos la mayor parte de lo que formalmente devuelve.
Reformulación de contratos
A raíz de lo expresado se podría entender que, desde entonces, los anuncios institucionales hablen de programas de 40 millones hasta 2031, de acuerdos de 20 millones en 2025 o de los 14 millones del programa de vertido cero, sin que exista todavía una cuenta única, cerrada y auditada que distinga claramente entre lo comprometido, lo anunciado y lo realmente ejecutado.
En ese sentido, el canon no es un episodio lateral en la historia del agua en Santa Cruz, sino que es la pieza que ayuda a entender por qué las cifras de inversión se han multiplicado, por qué los planes se han reescrito y por qué Emmasa no ha completado las obras que, en origen, justificaron la concesión a Sacyr.
La sucesión de anuncios -40 millones en 2022, 20 millones en 2025, 14 millones de vertido cero, 10 millones de deuda 2015-2023- refleja esa dinámica de renegociación continua, sin que exista todavía una cuenta única, cerrada y auditada que distinga claramente entre lo comprometido, lo anunciado y lo realmente ejecutado.
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