La devolución de los 33,6 millones más intereses (cinco millones) que Sacyr tiene que efectuar a Emmasa por apropiarse de ellos de manera presuntamente irregular tiene truco. La reformulación del plan de inversiones planteada por Sacyr en mayo de 2022 y plasmada en un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en septiembre contempla que las cuotas --de 3,3 millones anuales hasta completar los 33,6 y los intereses-- sean contabilizadas como beneficios de Emmasa durante la próxima década y, por lo tanto, susceptibles de ser repartidos en dividendos entre los accionistas de la empresa pública.
Accionistas que, mientras dure el periodo 2006-2031 del contrato, son sólo dos: el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el 5,36% de la propiedad de Emmasa, y Sacyr, con el 94,64%. Es decir, de cada 100 euros que Emmasa ingrese como beneficio susceptible de ser repartido en dividendos, 94 euros y 64 céntimos irán para Sacyr, contando dentro de estos los propios 38,6 millones de euros que la empresa adjudicataria se ha comprometido a "devolver".
El acuerdo recoge literalmente lo siguiente: "La obligación de devolución se integra como elemento esencial y propio del conjunto de presupuestos necesarios para la señalada propuesta de reformulación [de inversiones]".
El asunto es complejo y requiere de una explicación pormenorizada de su contexto completo e implicaciones.
Se devuelve el canon
En 2006, Sacyr comienza a gestionar la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa). Lo hace tras ganar un concurso al que se presentan un total de seis empresas y sin tener experiencia previa en la gestión del ciclo del agua, pero presentando un plan de inversiones basado en los pliegos de la licitación que resulta más beneficioso para Emmasa que las otras cinco propuestas. En ese momento, Sacyr abona a Emmasa 59 millones de euros en concepto de canon que le permiten gestionar la empresa pública.
En 2007, en un acuerdo entre Sacyr y Emmasa (controlada por Sacyr), se decide devolver esos 59 millones de euros de canon a razón de 2,3 millones anuales -resolución refrendada por el propio ayuntamiento-. En 2020, la operación irregular es descubierta cuando la cifra ya asciende a 33,6 millones de euros. Una auditoría encargada a la empresa ASSAP revela no sólo la cifra, sino más irregularidades. Entre otras, el incumplimiento de lo previsto en el plan de inversiones.
Tras esta auditoría, Unidas Podemos denunció los hechos en los juzgados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Hay cinco personas imputadas, entre ellos el ex alcalde Miguel Zerolo, regidor del ayuntamiento en el momento de aquellos hechos.
El Grupo de Gobierno de Santa Cruz -conformado en la actualidad por Coalición Canaria y Partido Popular, misma asociación que la acontecida hace 15 años- ha rechazado en varias ocasiones unirse a la causa como acusación particular y Sacyr mantiene un recurso contencioso-administrativo contra la demanda para defender que la devolucion del canon fue legal.
El plan de inversiones
El peritaje descubrió que en los primeros ocho años de la concesión hubo 270 subcontrataciones en la gestión del agua, de las cuales el 44% fueron ilegales y produjeron un daño aproximado de cinco millones de euros a Emmasa y la no ejecución, en los primeros siete años, del 34% de las inversiones comprometidas.
Uno de los compromisos de Sacyr para explotar el agua en Santa Cruz era invertir, antes de 2025, 165 millones de euros en Emmasa. Cifra condicionada, en cualquier caso, a que los beneficios fuesen los previstos en el periodo. En 2021, según el contrato, debían estar ejecutados 137 millones, el 83% de la inversión. Pero, realmente, hasta ese año sólo se había ejecutado el 37%.
Error en el cálculo de demanda
En los pliegos de licitación originales, redactados por el Ayuntamiento de Santa Cruz antes de 2006, se estimó un crecimiento poblacional y de demanda de agua que, finalmente, no se produjo. Para 2015, según las previsiones, debía haber en Santa Cruz 265.000 habitantes y en 2021 deberían haber crecido los ingresos de explotación del agua el 70% respecto a 2006.
Actualmente, la ciudad tiene una cifra cercana a 210.000 habitantes, muy lejos de la estimación. El propio concejal nacionalista de Infraestructuras Proyectos Urbanos y Patrimonio, Dámaso Arteaga, reconoció en la comisión de control de este jueves que los pliegos habían hecho una previsión errada.
Residentes "fantasma" alteraron las cifras
¿Por qué estaba mal calculado el incremento poblacional y de demanda? Las explicaciones pueden ser varias, pero la más plausible viene del inflamiento del padrón municipal ocurrido con Miguel Zerolo, ex alcalde de Santa Cruz por Coalición Canaria. En 2013, pasado ya su mandato, se descubrió a través del Instituto Nacional de Estadística que la ciudad había tenido 15.000 "vecinos fantasma" durante casi 20 años que no residían en Santa Cruz ni habían movido su domicilio ni pagado una sola factura en ese periodo. De hecho, de 4.000 de ellos no se conocía ni el número del DNI.
El caso fue tan llamativo que la misma Fiscalía Anticorrupción se dirigió en 2013 al consistorio y a la Junta Electoral Central para que le hicieran llegar cuanta documentación tuvieran en su poder en torno a la existencia de estos vecinos. El propio concejal de Hacienda del ayuntamiento por entonces, Alberto Bernabé, dijo: "No podemos acreditar la existencia de estos 13.000 santacruceros".
Sobre el inflamiento en el padrón de entonces sobrevoló la sospecha de fraude intencionado para cobrar, desde 1996, 50 millones de euros provenientes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Las inversiones no pueden completarse
El cálculo de demanda estaba mal hecho de entrada porque no vivía tanta gente en Santa Cruz. En consecuencia, aunque no ha sido la única razón, Sacyr no ha completado sus inversiones. Artega afirmó este jueves en la comisión de control del ayuntamiento que "los 165 millones [de la previsión original de inversiones] estaban condicionados a los flujos de caja -es decir, a que la actividad reportase beneficios-".
"Si la empresa tiene [ahora] pérdidas, ¿cómo va a tener 165 millones para invertir?, inquirió a Matilde Zambudio, concejal de Ciudadanos en el Grupo Mixto, que había cuestionado en su turno de palabra la falta de inversiones.
Sacyr carga desde 2020, además, con el problema de la devolución del canon después de haber sido descubierta apropiándose de manera presuntamente irregular de él. Matilde Zambudio, en declaraciones a Atlántico Hoy, expresa que "está claro que, al dejar de ingresar 2,3 millones anuales [por la devolución del canon], ahora tienen pérdidas".
Se alcanza un acuerdo
Desde 2020, el ayuntamiento ha estado en reuniones con Sacyr para acordar cómo se producirá tanto la devolución del canon como la reformulación de las inversiones. Finalmente, en septiembre de 2022 se llegó a un acuerdo bastante beneficioso para Sacyr, tal y como recoge el informe al que ha tenido acceso este diario.
Cabe destacar, antes de entrar en profundidad, que la empresa adjudicataria también ha conseguido, previo al acuerdo, ampliar el plazo para ejecutar las inversiones hasta 2031 --antes estaba previsto para 2025--; y reducir la cuantía, pasando de los 165 millones de euros originalmente establecidos en 2006 a 106 millones, una diferencia de 59 millones, coincidente en cifras con el canon que en su momento tuvo que pagar.
Atlántico Hoy ha tenido acceso a la propuesta de inversiones de Sacyr y al acuerdo suscrito con el ayuntamiento.
La propuesta que garantiza retorno
En el plan de inversiones presentado por Sacyr en mayo, aceptado por el ayuntamiento en julio y plasmado en el acuerdo en septiembre, la empresa adjudicataria plantea una maniobra que le permite recuperar parte del dinero que a su vez se compromete a devolver por el concepto de canon.
La devolución se concreta en una serie de pagos de 3,3 millones de euros anuales hacia Emmasa hasta completar los 33,6 millones; y otro conjunto de transferencias para completar los cinco millones de intereses. Los pagos se plantean en plazos hasta el primer semestre de 2031.
Subida de precios
Por un lado, Sacyr acuerda con el ayuntamiento una subida del precio del 7,9% en el recibo del agua y una actualización anual de este respecto al IPC que le permita recaudar esa cifra. En el acuerdo se especifica que el precio de tarifas y tasas "deberán ser revisados y repercutidos al usuario" y que "en caso de no aprobarse o no materializarse a través de su repercusión ol usuario, tendrán que ser objeto de compensación/subvención con cargo al presupuesto municipal".
Esta subida de tarifas del 7,9%, en cualquier caso, ha quedado congelada porque la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias ha dictaminado que la actualización necesaria del coste del agua no debería pasar del 2,5%. Se reconoce la necesidad de actualizar las tarifas, pero no la pretensión de Sacyr de hacerlo casi en el 8% para costear literalmente, como queda reflejado en el acta de la "decimonovena sesión de la comisión de seguimiento del servicio público del ciclo integral del agua" a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, la devolución del canon.
Hacer pasar los pagos por ingresos
Por otra parte, Sacyr contabiliza los pagos de devolución del canon en su nueva propuesta de inversiones como ingresos de Emmasa dentro de los flujos de caja susceptibles de repartirse en dividendos. Según el acuerdo original de 2006, todos los excedentes de tesorería de Emmasa --esto es, beneficios por su rendimiento-- se destinarían a dos finalidades: el 55% a inversiones y mejoras y el 45% a dividendos. Al contabilizar los pagos de devolución del canon dentro de las previsiones de excedentes de tesorería --recogidas en el Anexo V del plan--, Sacyr recuperaría 42,75 euros por cada 100 euros devueltos.
Esta cifra es el resultado de aplicar, sobre el 45% de dividendos, el 94,64% que corresponde a Sacyr por tener ese porcentaje de participación Emmasa. Ello implica que, de los 33,6 millones de euros que debe devolver, Sacyr recuperará en forma de dividendos 14,3 millones.
El ayuntamiento lo ve bien
La propuesta de Sacyr contenta al consistorio de Santa Cruz de Tenerife, que reitera, en palabras del concejal de Servicios Públicos Carlos Tarife, que el canon se va a devolver "sí o sí". La cuestión de fondo es que, al contrario que los grupos de la oposición, que consideran que el acuerdo incluye "concesiones inaceptables", el Grupo de Gobierno lo ve como un éxito.
Tarife, durante la comisión de control, preguntó a la oposición, justificando así la operación: "¿Quieren recoger [en 2031, cuando acabe la concesión] una empresa [Emmasa] arruinada, sin inversiones, sin haber ejecutado las obras de vertido cero y sin la devolución del canon?".
