El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dejará preparado antes de que finalice el mandato el nuevo contrato de limpieza que sustituirá al actual cuando expire en noviembre de 2027.
Así lo ha anunciado este lunes el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, durante el balance de los tres primeros años de gobierno municipal, donde ha adelantado que el futuro pliego incorporará entre 40 y 50 barrenderos más y elevará de tres a nueve los zafarranchos semanales.
Un contrato imperfecto
Tarife ha reconocido que el contrato vigente "no es un contrato perfecto" y ha asegurado que existe un acuerdo dentro del grupo de gobierno para que el próximo documento refuerce la plantilla y mejore el servicio que se presta en los barrios. "Antes de que finalice este mandato dejaremos las bases del futuro pliego", ha afirmado durante su intervención, en la que ha recordado que el contrato actual vence al inicio del próximo mandato.
El anuncio da continuidad a la estrategia que el área de Servicios Públicos viene defendiendo desde hace meses ante las reiteradas quejas vecinales por el estado de la limpieza en la capital. El propio Tarife ya había adelantado su intención de modificar el contrato para los años 2026 y 2027 mientras se prepara una nueva licitación que responda a las necesidades actuales de la ciudad, con más personal, más baldeos y un incremento de los zafarranchos semanales.
El concejal sostiene desde hace meses que el contrato firmado en 2019 se ha quedado corto para atender el crecimiento de Santa Cruz. Entre las principales carencias señala la falta de barrenderos, el reducido número de zafarranchos previstos y la necesidad de extender el contenedor marrón a todo el municipio. En varias ocasiones ha defendido que incorporar 40 barrenderos más resolvería buena parte de los problemas que denuncian los vecinos.
Insuficiente
La discusión sobre la limpieza se ha intensificado durante los últimos meses. La oposición ha acusado al grupo de gobierno de pagar por un servicio que considera insuficiente, mientras los representantes de la plantilla han respondido que los trabajadores cumplen estrictamente con las prestaciones contempladas en el contrato y que las limitaciones responden al propio pliego de condiciones.
En paralelo, el Ayuntamiento ha impuesto penalizaciones económicas a la empresa concesionaria por distintos incumplimientos y ha llegado a plantear la posibilidad de resolver el contrato si no se reforzaba el servicio.