Zona de Plaza de los Patos que muestra falta de limpieza|AH
Zona de Plaza de los Patos que muestra falta de limpieza|AH

Modificar el contrato de limpieza o licitar otro: las opciones de Tarife para acabar con la suciedad

La empresa ha sido sancionada en los últimos años con 1,3 millones de euros y este viernes se debatirá en un Pleno la situación del contrato y la necesidad de adaptarlo a la demanda municipal

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Tras muchos debates y desencuentros entre el Gobierno municipal y la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz, como ya adelantó Atlántico Hoy, el próximo 24 de octubre el Salón de Plenos acogerá una sesión extraordinaria en la que se debatirá sobre la limpieza como único punto en el orden del día. 

El mencionado debate extraordinario obedece a la iniciativa del Grupo Municipal Socialista, desde donde partió la petición formal como así lo anunciara su portavoz, Patricia Hernández, en la última sesión de control al Gobierno.

1,3 millones de sanción

En el núcleo de la polémica y las quejas, figura el descontento de vecinos y representantes políticos por la falta de limpieza y los incumplimientos de la empresa Valoriza, que ha sido sancionada hasta en tres ocasiones por la concejalía de Servicios Públicos

En este sentido, Carlos Tarife, concejal responsable del área informó de que, en los últimos tres años, el consistorio ha impuesto a Valoriza penalizaciones por un valor de 1,3 millones de euros por incumplimientos del contrato. “El primer año 400.000 euros, por no hacer las cosas bien, y la empresa pagó. Al año siguiente, 460.000 euros, por no hacer las cosas bien. Y al tercer año, 470.000 euros, y volvió a pagar”, explicó.

La cuestión no es baladí. Según explicó en el último pleno Patricia Hernández, líder de la oposición y exalcaldesa que licitó aquel contrato, una de las cláusulas del mismo especifica que este se podría rescindir si Valoriza acumula tres años consecutivos de incumplimientos del contrato o cinco alternos. Es decir, según esa cláusula, Tarife tendría en su mano ahora mismo licitar un nuevo contrato de limpieza a la altura de lo que necesita la ciudad.

Pleno extraordinario

Probablemente en la próxima sesión plenaria se hable no solo de lo que se ha hecho sino también de lo que se piensa hacer, pues esa no es la única opción.

En los últimos meses, Tarife ha hablado tanto de la modificación del contrato de limpieza que mantiene con Valoriza como de su -también posible- rescisión.

8 años y casi 142 millones

El contrato entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y Valoriza se formalizó en el año 2019, contemplando una duración de ocho años por un importe de 141.987.394,4 euros, lo que equivale a 17.748.424,3 euros por año, a parte del IGIC.

La empresa cuenta con 440 trabajadores para todas las labores establecidas en el contrato, “Hay que contar con el personal necesario para los camiones de recogida de basura, recogida de productos de reciclaje, baldeo, barredoras y similares”, comenta a Atlántico Hoy el presidente del Comité de Empresa de Servicios Públicos de Santa Cruz, Celso Pacheco. Por otro lado, un total de 75 personas realizan los trabajos de barrido, un número insuficiente, según los datos de la Concejalía de Servicios Públicos.

Modificación

En lo que afecta a la modificación del pliego, según se ha comentado desde el gobierno municipal, el servicio mejoraría si se ampliase el número de zafarranchos y de personal. 

Concretamente parte de las deficiencias que acarrea el municipio se resolverían con más barridos y fregados. Actualmente se están realizando 3 zafarranchos de limpieza según lo estipulado en el contrato y el deseo del Consistorio es que aumenten a 9. En lo concerniente al personal, se necesitarían “40 barrenderos más” para lograr un servicio óptimo, pasando de 75 a 115

Rescinción

Desde el gobierno municipal también han insistido en reiteradas ocasiones en la posibilidad de la modificación del contrato para 2026 y 2027, con la idea de suscribir un nuevo contrato de limpieza para el 2028 y que contemple todas las necesidades del municipio. 

En el caso de que, finalmente, la empresa no acceda a las peticiones de mejora que realiza el gobierno municipal, atendiendo a las demandas municipales, el contrato podría ser rescindido, o sea, podría quedar sin efecto y anulado, con lo que habría que volver a los inicios con las consabidas repercusiones para todas las partes: empresa, ayuntamiento y ciudadanía