Este martes se ha conocido la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado íntegramente la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, aprobada el pasado 22 de diciembre en el Pleno del Ayuntamiento, y la noticia ha sido un duro varapalo para el consistorio.
La sentencia, dictada el 12 de marzo y que será recurrida, señala que la norma “habrá de considerarse a todos los efectos como si nunca hubiera existido”, lo que implica su nulidad de pleno derecho y efectos retroactivos. Es decir, la Ordenanza nunca fue jurídicamente válida ni eficaz.
La decisión judicial avala los argumentos presentados por la Asociación de Vecinos El Perenquén, que impugnó la norma por múltiples deficiencias técnicas y legales. Entre ellas, destaca la ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo válida, un requisito legal obligatorio. Según la sentencia, la memoria no evaluó el impacto real de las medidas propuestas, ni justificó adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de cada uno de los artículos del nuevo reglamento.
El PSOE ya lo había advertido
Durante el debate plenario del 22 de diciembre de 2023 —cuyo diario de sesiones aún no ha sido publicado, pero sí existen vídeos— la portavoz socialista, Patricia Hernández, realizó una intervención contundente en la que advirtió que la ordenanza nacía herida de muerte. “Los estudios de impacto normativo tienen que ser dos de forma preceptiva: el impacto económico y el impacto de género,” subrayó entonces.
La edil denunció que ambos estudios estaban incompletos o mal elaborados, y firmados por personal no cualificado para ello, puesto que los redactó la Jefa de Servicio de Movilidad. “El análisis de impacto de género no lo hace el departamento pertinente,” reprochó Hernández. “No tiene impacto de género. Es que no tiene impacto de género”, afirmó la portavoz, indignada con que la Ordenanza se limitaba a decir que no existía tal impacto.
Como ejemplo, la concejal planteó que la ordenanza no contemplaba la situación de mujeres embarazadas en su último trimestre, que no se consideran enfermas ni discapacitadas, y por tanto no podían acogerse a las excepciones de acceso previstas. “Nos hubiéramos dado cuenta con un estudio de impacto normativo adecuado", afirmó, citando incluso sentencias de otros municipios como Gijón, donde se corrigieron normativas por situaciones similares.
Críticas al estudio económico: “Un disparate”
Hernández también criticó el estudio económico que acompañaba a la Ordenanza, señalando que no lo firmaba ni el área de Hacienda, ni Seguridad, ni ningún técnico cualificado. “Hace la previsión de ingresos usando el año 2020, cuando estábamos confinados. Ojo al disparate”, dijo. Y añadió: “Este estudio afirma que no tiene ningún impacto ni en ingresos ni en gastos, ni para las empresas de esta ciudad. Ninguno. Es una barbaridad”.
La concejal propuso que los informes normativos futuros sean elaborados por personal especializado de cada área, como se hace en otras ciudades: “La ciudad de Madrid lo reparte: las tasas las hace un área, las multas otra, en función del conocimiento técnico.”
Un aviso que se cumplió
Tanto el PSOE como Vox optaron por abstenerse en la votación final de diciembre, precisamente por las dudas legales que planeaban sobre la Ordenanza. Hernández cerró su intervención con una advertencia premonitoria: “Esta ordenanza va a ser impugnada como lo fue la anterior", y añadió que esto se lo había reconocido incluso Ofelia Manjón, entonces directora de Movilidad del Ayuntamiento.
Hoy, esa advertencia se ha cumplido. La sentencia del TSJC confirma que la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz jamás estuvo en vigor jurídicamente. El Ayuntamiento, dirigido por José Manuel Bermúdez (CC) y con Evelyn Alonso como concejal responsable del área, tendrá ahora que rehacer el procedimiento desde cero si quiere contar con una normativa válida que regule el tráfico y el acceso a zonas restringidas. Mientras tanto, volverá a entrar en vigor la antigua Ordenanza, que data de 1985.