El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha pagado todavía (aunque asegura que lo hará en los próximos días) 1,3 millones de euros que debe a Atende, la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, por los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025.
Así lo ha reconocido este viernes la concejal de Acción Social del consistorio, Charín González, en el pleno ordinario de octubre. Sin embargo, hay otros cinco millones de euros, a razón de aproximadamente 660.000 euros mensuales (la cifra exacta varía ligeramente cada mes) que el Ayuntamiento de Santa Cruz no confirma haber pagado o no pese a las preguntas formuladas por la oposición en el pleno y las consultas realizadas por Atlántico Hoy a lo largo del viernes.
Deuda contraída
Serían los correspondientes a los meses de febrero a septiembre del año en curso. En el pleno, Charín González ha asegurado que "las facturas contabilizadas en el servicio" son las de diciembre y enero que suman esos 1,3 millones. La líder de la oposición, Patricia Hernández (PSOE), le ha espetado que "estén contabilizadas o no, a efectos legales, si no se devolvieron las facturas, se deben (...). Hay 30 días, según la Ley de Contratos del Sector Público, para devolver una factura o conformarla y, en caso de no devolverla, se debe".
Fuentes del Grupo Socialista insisten a Atlántico Hoy que es diferente el concepto de contabilización de la factura para el pago en sí que la existencia misma de la deuda. Si no se rechaza en 30 días, apuntan, la obligación queda reconocida. Los socialistas aseguran que dichas facturas ni siquiera han entrado en Intervención.
El expediente es de septiembre
Lo cierto es que Atlántico Hoy ha podido comprobar que los dos expedientes del Ayuntamiento de Santa Cruz para iniciar la tramitación del pago de las facturas de enero a junio constan con fecha de apertura del 25 de septiembre de 2025 y en ellos no aparece nada más que las facturas y no constan como pagadas. Las facturas de julio, agosto y septiembre, que presumiblemente serán de en torno a 660.000 euros cada una, ni siquiera constan en los expedientes.
Este medio ha contactado a Charín González, pero la concejal no ha respondido a la consulta. Igualmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha asegurado a Atlántico Hoy "no tener el dato" de si se han pagado o no las facturas de febrero a septiembre. De la misma forma, la empresa interesada, Atende, ha rechazado confirmar o desmentir que el consistorio le adeude las facturas.
Ninguno de los interesados quiere dar detalles sobre la presunta deuda, que podría ascender a 6,6 millones de euros. Quien sí se ha pronunciado, en declaraciones para Atlántico Hoy, ha sido el comité de empresa de Atende, cuyos representantes aseguran que en mayo de 2025 la empresa les aseguró que llevaba sin cobrar desde diciembre.
El contrato está vencido desde diciembre
¿Y por qué todo este jaleo comienza en diciembre? Atende es concesionaria del servicio de ayuda domiciliaria de Santa Cruz desde que le fuese transferido por CLECE en 2023, que a su vez se había hecho con la concesión en 2018. El contrato de Atende venció el 30 de noviembre de 2024 tras dos prórrogas formales.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dejó entonces vencer el contrato y después negoció un acuerdo de continuidad con Atende. No se trataba de una prórroga, sino de un acuerdo de extensión irregular. De hecho, el Consejo Consultivo de Canarias emitió un dictamen (al que ha tenido acceso Atlántico Hoy)el 2 de octubre de 2025 que solicitó el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, para anular dicha extensión, en el que afirmaba que se había producido una "prórroga tácita" prohibida por no haber seguido "los trámites exigidos legalmente", considerándola nula de pleno derecho.
A pesar de la nulidad, el Consejo Consultivo reconoce el derecho de Atende a cobrar por los servicios efectivamente prestados, pero sólo incluye los 1,3 millones de euros que Charín González mencionó este viernes en el pleno, correspondientes a diciembre de 2024 y enero de 2025, porque fueron las únicas facturas que el ayuntamiento incluyó en su solicitud al Consultivo de evaluar la posibilidad de declarar nulo de oficio la prórroga irregular.
Rapapolvo al ayuntamiento
Además de reconocer la nulidad, el Consejo Consultivo le da un rapapolvo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por hacer uso habitual de usar revisiones de oficio para pagar facturas sin contrato vigente, lo que vulnera los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
En su dictamen, el órgano advierte que "la fragmentación y multiplicación de procedimientos de revisión de oficio por periodos de facturación de un mismo contrato, con el fin de pagar 'facturas', además de contravenir los principios ya citados de la LRJSP, vulnera la finalidad de la revisión de oficio en los estrictos términos en que esta ha de interpretarse, así como la naturaleza de este Órgano Consultivo, tratando de implicarlo ilegítimamente en la gestión económica financiera diaria de la Administración solicitante".
Asimismo, el Consejo recuerda la obligación de respetar los principios que rigen la contratación pública, al subrayar que "este Consejo Consultivo no puede sino reiterar la necesidad de que las Administraciones públicas respeten los principios de publicidad y concurrencia que fundamentan la regulación de los contratos administrativos, erradicando las prácticas que los vulneran".
Fraude de ley con responsabilidad penal
El dictamen alerta, además, de que la reiteración de estas prácticas "puede suponer, en su caso, un abuso de derecho o fraude de ley", y advierte que esta conducta podría acarrear "eventuales responsabilidades de orden administrativo o incluso penal en que pudieran incurrir las correspondientes autoridades o personal al servicio de las Administraciones públicas".
Finalmente, el Consejo insiste en que la utilización de este mecanismo excepcional "en ningún caso puede erigirse como forma habitual de contratación por parte de las Administraciones públicas", y reclama que "esta situación, a todas luces irregular, debe cesar mediante el inicio efectivo del oportuno procedimiento de contratación conforme a las previsiones de la LCSP". "No se puede normalizar el uso de este procedimiento excepcional —añade el dictamen— convirtiéndolo en una práctica habitual de la Administración pública, y un procedimiento alternativo al previsto en la LCSP, con abuso general de esta institución del enriquecimiento injusto y de la declaración de nulidad".
El ayuntamiento reconoce la irregularidad
En el informe del Consultivo, aparece recogida una cita de la solicitud del alcalde santacrucero en la que reconoce que "en efecto, de la situación descrita se desprende que una vez finalizado el contrato suscrito en 2018, y hasta tanto se pudiese implantar el nuevo modelo (circunstancia que no se ha producido aún), para poder seguir prestando ininterrumpidamente el servicio público de ayuda a domicilio en el municipio a partir de diciembre de 2024, se incurre en vulneración de las normas de contratación administrativa"
Atende, además, había comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz que "no puede [podía] seguir asumiendo la ejecución del contrato y los costes económicos generados por la misma" y no quería prorrogar el servicio, causa por la cual el consistorio reconoce que una prórroga de forma regular era "inviable".
Un acuerdo irregular para pagar más
"El desajuste económico entre ingresos y gastos que indica la empresa es precisamente lo que justifica, entre otras, la necesidad de gestionarse este servicio a través de otras modalidades", afirma el Ayuntamiento de Santa Cruz en su escrito. Es decir, que el consistorio, en lugar de haber licitado en tiempo y forma el servicio de ayuda a domicilio y ante la negativa de la empresa a prorrogarlo, acordó realizar un acuerdo que luego reconoció irregular en el que subió los importes que Atende cobraría del ayuntamiento.
Este hecho lo confirma además el comité de empresa de Atende, que explica a Atlántico Hoy que en noviembre de 2024 Charín González se reunió con las trabajadoras y les dijo que seguirían trabajando aún sin la nueva licitación con una extensión del contrato. Además, la concejal les garantizó que las tablas salariales iban a subir tras el acuerdo entre el consistorio y Atende, hecho que también les confirmó la emrpesa.